Land Use: Áreas Protegidas
MAAP #243: Minería en la Amazonía Ecuatoriana Sector Sur – Provincia de Zamora Chinchipe
Mapa base 1. Deforestación minera en Ecuador. Datos: AMW, ACA/MAAP, RAISG
Este es el cuarto de una serie de informes que detallan la expansión de la minería aurífera en la Amazonía ecuatoriana.
En los reportes previos, se analizaron distintos sectores de las partes norte (MAAP #227), central (MAAP #230) y sur (MAAP #238) del país, respectivamente (ver Mapa Base 1). En esta nueva entrega, el análisis da continuidad al estudio del sector sur, enfocándose en la deforestación asociada a la actividad minera en la provincia de Zamora Chinchipe.
Zamora Chinchipe, ubicada en el extremo sur de la Amazonía ecuatoriana, constituye una de las regiones de mayor importancia ecológica del país debido a su localización en la transición entre la cordillera de los Andes y la llanura amazónica. Esta condición favorece una alta diversidad biológica y la presencia de ecosistemas estratégicos, como bosques nublados, páramos y formaciones únicas como los tepuyes subandinos (Nota 1). Estos sistemas ecológicos son un eje fundamental para la conectividad ecológica y el mantenimiento de los procesos hidrológicos en la región. En este contexto, la provincia alberga áreas prioritarias para la conservación, como el Parque Nacional Podocarpus, la Reserva Biológica Cerro Plateado, la Reserva Natural Maycú y el Bosque Protector Alto Nangaritza (ver Mapa Base 2), que en conjunto conforman un corredor de conectividad ecológica clave para especies emblemáticas como el jaguar, el tapir y el oso de anteojos (Jewel, 2020).
Sin embargo, esta zona enfrenta crecientes amenazas asociadas a la expansión de actividades extractivas. En línea con ello, el reporte MAAP #167 alertó sobre la pérdida de cobertura forestal vinculada a la actividad minera en el Bosque Protector Alto Nangaritza, evidenciando la presión sostenida sobre estos ecosistemas estratégicos.
En este contexto, y considerando además el alto potencial para la extracción de minerales de la provincia, Zamora Chinchipe se ha consolidado como una zona de interés estratégico a nivel nacional. Según Mongabay, desde 2020 la minería aurífera se ha posicionado como uno de los principales motores económicos del territorio, desarrollándose en múltiples escalas, desde proyectos a gran escala hasta actividades artesanales y de pequeña escala, lo que incrementa la presión sobre áreas ecológicamente sensibles. Los impactos asociados a esta actividad incluyen deforestación, presencia de maquinaria e infraestructura destinada a la extracción y procesamiento de minerales (ver Imagen 2), contaminación por uso de mercurio y degradación de suelos.
Desde el 2023, Amazon Conservation, en colaboración con Earth Genome y el Pulitzer Center, ha estado desarrollando un geovisor en línea conocido como Amazon Mining Watch (MAAP #226). Esta herramienta virtual automatiza el análisis de imágenes satelitales mediante el aprendizaje automático para identificar las zonas afectadas por la minería en toda la Amazonía, desde el 2018, hasta el 2024. Desde noviembre de 2025 Amazon Mining Watch (AMW) cuenta con actualizaciones trimestrales de estos datos, lo que significa un gran avance y permitirá la detección sistemática y casi en tiempo real de nuevos frentes de minería aurífera artesanal y de pequeña escala en toda la región.
El Mapa Base 1 presenta la ubicación de la reciente deforestación asociada a actividad minera confirmada, utilizando las detecciones correspondientes a la última actualización trimestral de AMW para toda la Amazonía ecuatoriana, en relación con las áreas de impacto minero identificadas para 2025.
Dinámica de la actividad minera
Gráfico 1.Datos: MapBiomas, EcoCiencia.
A continuación, se presenta la evolución de la superficie acumulada por año producto de la actividad minera en la provincia de Zamora Chinchipe, con un análisis del crecimiento de la superficie afectada entre 1995 y 2024.
En el año 1995, la minería ocupaba alrededor de 5 hectáreas; sin embargo, en los años posteriores se observa un incremento alarmante, alcanzando un total de 6.802 hectáreas para 2024 (ver Gráfico 1).
Esta extensión equivale a más de 4.800 canchas de fútbol profesional.
Casos de Estudio
En respuesta a este escenario, se llevó a cabo un monitoreo satelital orientado a identificar y cuantificar los impactos de la minería aurífera en cuatro casos de estudio, en los cuales se analiza la dinámica con la cual la superficie minera se ha extendido en el periodo 2021-2025 dentro de la provincia de Zamora Chinchipe (ver Mapa base 2).
Estos casos abarcan cuatro áreas clave de conservación, incluyendo dos áreas protegidas (el Parque Nacional Podocarpus y la Reserva Biológica Cerro Plateado), un bosque protector (Bosque Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza), y un área de conservación privada (Reserva Natural Maycú).
También incluye dos sistemas fluviales estratégicos de la provincia: los ríos Nunpatakaime y Nangaritza.
En total, en lo cuatro casos de estudio, se registraron aproximadamente 195 hectáreas afectadas por actividad minera dentro del periodo 2021 – 2025.
Mapa base 2. Área de monitoreo satelital en Zamora Chinchipe. Datos: Amazon Conservation/MAAP, EcoCiencia, Planet
Caso 1: Río Nangaritza
Gráfico 1. Caso 1 – Río Nangaritza. Datos: Amazon Conservation/MAAP; EcoCiencia
El caso de estudio se ubica en la ribera del río Nangaritza, específicamente en la aldea Las Orquídeas y en el sector noroeste de la Reserva Natural Maycu.
A continuación, se analiza el impacto de la expansión minera, considerada una de las principales amenazas ambientales en la zona de estudio.
Entre 2021 y 2025, se han identificado un total de 77,88 hectáreas afectadas por la actividad minera.
Monitoreo satelital Caso 1. Datos: EcoCiencia, Planet
Además, del total acumulado de superficie afectada por minería, solamente se registraron 5,29 hectáreas dentro de concesiones mineras y 21,22 hectáreas al interior de la Reserva Natural Maycú, lo que evidencia la expansión de la actividad y un incremento de la presión sobre esta área de conservación (ver Monitoreo Satelital, Caso 1).
Con el fin de realizar una comparación temporal de la actividad minera, se presenta el panel 1, que muestra las condiciones correspondientes a julio 2021 (panel izquierdo) y diciembre 2025 (panel derecho).
Panel 1. Datos: EcoCiencia, Planet
Caso 2: Río Numpatakaime
Gráfico 2. Caso 2 – Río Numpatakaime. Datos: ACA/MAAP, EcoCiencia
Este caso de estudio se ubica a lo largo de las riberas del río Nunpatakaime, el cual se encuentra dentro del Bosque Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza, un área de conservación que resguarda extensas coberturas de bosque tropical húmedo, caracterizadas por su alta biodiversidad y buen estado de conservación.
Se llevó a cabo un análisis multitemporal correspondiente al periodo 2024–2025, con el fin de evaluar e identificar el impacto generado por las actividades mineras en la zona de estudio.
En 2024 se identificaron 6,86 hectáreas afectadas por la actividad minera, mientras que en 2025 la superficie impactada se incrementó en 52,99 hectáreas, esto representa un total de 59,85 hectáreas intervenidas durante el período de análisis.
Monitoreo satelital Caso 2. Datos: EcoCiencia, Planet
Del total acumulado de hectáreas afectadas, 5,29 hectáreas se ubican en concesiones mineras y 44,27 hectáreas se localizan dentro del Bosque Protector Cuenca Alta del río Nangaritza (ver Monitoreo Satelital, Caso 2).
Con el propósito de evidenciar la superficie deforestada, el panel 2 muestra las condiciones de la actividad minera en septiembre de 2024 (lado izquierdo) y diciembre de 2025 (lado derecho).
Panel 2. Datos: EcoCiencia, Planet
Caso 3: Parque Nacional Podocarpus
Gráfico 3. Caso 3-Parque Nacional Podocarpus. Datos: ACA/MAAP, EcoCiencia
Este caso se localiza a lo largo de las riberas del río Loyola. Esta área forma parte de la zona de alta montaña del Parque Nacional Podocarpus. Asimismo, el río Loyola integra la red hídrica del parque nacional, que se conforma de más de 100 ríos y quebradas, siendo vital para la conservación de los bosques nublados y páramos de la zona, los cuales constituyen hábitat de especies amenazadas como el oso de anteojos, el cóndor andino, el tapir de montaña y el jaguar, tal como lo señala Naturaleza y Cultura Internacional en su publicación “Reconocimiento Corredor de Conectividad Podocarpus Yacuri” (NCI, 2025).
En este sector se identificó que, entre agosto de 2023 y diciembre de 2025, la superficie afectada por la actividad minera alcanzó las 44 hectáreas en el interior del parque, equivalentes aproximadamente a 62 canchas de fútbol profesional. Este incremento evidencia la magnitud de la intervención y resalta la urgencia de implementar acciones para mitigar sus impactos.
Monitoreo satelital Caso 3. Datos: ACA/MAAP, EcoCiencia, Planet
La actividad minera se desarrolla al interior del Parque Nacional Podocarpus, donde la explotación de recursos minerales está prohibida por ley (ver Monitoreo Satelital, Caso 2).
El panel 3 permite analizar el crecimiento de la deforestación por minería entre septiembre 2023 (panel izquierdo) y abril 2025 (panel derecho). El panel contrasta la pérdida de cobertura boscosa, así como el impacto sobre el río Loyola.
Panel 3. Datos: EcoCiencia, Planet
Caso 4: Reserva Biológica Cerro Plateado
Gráfico 4. Caso 4-Reserva Biológica Cerro Plateado. Datos: ACA/MAAP, EcoCiencia
Este caso se localiza en el área de amortiguamiento de la Reserva Biológica Cerro Plateado, una zona núcleo de alta relevancia ecológica en el sur del Ecuador. Establecida en 2010, se ubica entre los cantones Palanda y Nangaritza, en la provincia de Zamora Chinchipe. Esta área protegida cumple un rol estratégico como corredor de biodiversidad entre el Parque Nacional Podocarpus, la Reserva Natural Maycú y el Bosque Protector Alto Nangaritza, contribuyendo a la conservación de ecosistemas frágiles, como los tepuyes, y de especies emblemáticas como el jaguar, el tapir y el oso de anteojos (Jewel, 2020).
En este sector se identificó que, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, la superficie afectada por la actividad minera alcanzó las 13 hectáreas, de las cuales 1,59 hectáreas se localizan dentro de la reserva. Esta superficie total equivale aproximadamente a 18 canchas de fútbol profesional, evidenciando la magnitud de la intervención en la zona.
Monitoreo satelital Caso 4. Datos: ACA/MAAP, EcoCiencia, Planet
Además, se verificó que la actividad minera se desarrolla dentro y fuera de las áreas autorizadas por el catastro minero, es decir, en zonas sin los permisos correspondientes.
Estas áreas no autorizadas suman 12 hectáreas, lo que representa el 92 % del total identificado, constituyendo un hallazgo relevante por su carácter irregular.
Con la finalidad de analizar particularidades de las actividades mineras en este caso de estudio, se puede observar en el Panel 4, la ampliación de la actividad minera entre septiembre 2023 (panel superior izquierdo) y diciembre 2025 (panel superior derecho).
Panel 4. Datos: EcoCiencia, Planet
Zoom 1. Datos: EcoCiencia
Adicionalmente, mediante el uso de fotografías aéreas captadas con dron en abril de 2026, se realizó un análisis de mayor detalle del área intervenida, permitiendo identificar características como piscinas de sedimentos, remoción de la cobertura vegetal, suelos erosionados y la presencia de campamentos abandonados, entre otros impactos asociados a la actividad minera (ver zoom A).
Recomendaciones de política pública
1. Estandarización del ciclo minero y condicionamiento de nuevos frentes al cierre técnico progresivo
Foto 1. Actividad minera. Fuente: EcoCiencia
Los casos analizados en Zamora Chinchipe evidencian un patrón operativo recurrente caracterizado por la apertura de frentes mineros, su abandono temporal, el desplazamiento hacia nuevas áreas de explotación y el posterior retorno a zonas previamente intervenidas. Esta dinámica, común en la minería artesanal, pequeña y mediana, genera impactos y pasivos ambientales acumulativos y dificulta el control efectivo por parte de la autoridad competente.
El marco jurídico ecuatoriano establece obligaciones claras respecto a la planificación, ejecución y cierre de las actividades mineras. La ‘Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía’ dispone que toda actividad minera debe ejecutarse conforme a planes técnicos y ambientales aprobados, incluyendo planes de manejo ambiental y de cierre desde las fases iniciales del proyecto (arts. 4, 7 y 9). De manera complementaria, el Código Orgánico del Ambiente (COA) consagra los principios de prevención, control progresivo y reparación integral del daño ambiental, incluso cuando las actividades se desarrollan de forma intermitente (arts. 9, 171 y 291).
No obstante, en la práctica, los instrumentos de gestión ambiental suelen aplicarse de manera fragmentada, evaluando cada frente de explotación como un evento aislado y sin considerar la lógica de abandono y retorno.
En este contexto, se recomienda establecer protocolos técnicos estandarizados y obligatorios que regulen de manera integral las fases de apertura, suspensión temporal, abandono y reactivación de frentes mineros. Estos protocolos, deberían aplicar independientemente de la escala de la actividad y ser complementarios a los respectivos procesos sancionatorios.
De manera complementaria, se recomienda condicionar la autorización para la apertura de nuevos frentes de explotación al cumplimiento técnico y verificable de procesos de cierre progresivo y remediación en frentes previamente intervenidos. Esta medida permitiría prevenir la generación de pasivos ambientales, reducir los incentivos al abandono informal y alinear la práctica minera con las obligaciones legales vigentes.
2. Incorporación obligatoria de tecnologías de monitoreo y registro continuo del ciclo minero para constituir un sistema de alerta temprana.
Foto 2. Parque Nacional Podocarpus – área protegida amenazada que necesita un sistema de alerta temprana. Fuente: EcoCiencia
Si bien la ‘Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía’ faculta al Estado a ejercer control y fiscalización permanente sobre las actividades mineras (art. 3, 4 y 9), en territorios extensos y de difícil acceso, como Zamora Chinchipe, los mecanismos tradicionales de control resultan insuficientes para dar seguimiento a los ciclos de abandono y retorno.
En este sentido, se recomienda incorporar de manera obligatoria herramientas tecnológicas de monitoreo, tales como sistemas de georreferenciación, imágenes satelitales y plataformas digitales de reporte, como parte de los instrumentos de gestión y control minero de la entidad de regulación y control minero. Estas herramientas permitirían identificar cambios periódicos en el uso del suelo, aperturas de nuevos frentes y reactivaciones en áreas previamente intervenidas.
La adopción de estos sistemas fortalecería el enfoque preventivo del control ambiental, facilitaría la toma de decisiones basada en evidencia técnica y contribuiría al cumplimiento de las obligaciones de control establecidas tanto en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégico de Minería y Energía, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas y el COA.
3. Articulación del control técnico con gobiernos locales y mecanismos territoriales de vigilancia
La dinámica discontinua de la actividad minera en Zamora Chinchipe requiere un modelo de control que supere la fiscalización centralizada y se apoye en actores territoriales. La Constitución de la República reconoce el derecho a la participación ciudadana en la gestión pública (art. 95), principio desarrollado en la normativa ambiental ecuatoriana.
En este marco, se recomienda articular las acciones de los gobiernos autónomos descentralizados con los mecanismos locales de vigilancia territorial. Esta articulación permitiría mejorar la detección temprana de actividades no autorizadas, fortalecer la transparencia del ciclo minero y asegurar que el retorno a áreas previamente intervenidas se realice bajo condiciones técnicas y ambientales adecuadas.
La integración de estos actores contribuiría a territorializar la política minera, reducir los vacíos de control y reforzar la coherencia entre la planificación minera y la gestión ambiental en la provincia.
4. Inclusión de componentes tecnológicos en procesos judiciales
La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas (LOFAP) prevé la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para la protección de áreas protegidas en las que exista presencia de grupos criminales, con el fin de neutralizar la amenaza y restablecer condiciones de normalidad. En este marco, dispone que el control en áreas protegidas de difícil acceso (como Parque Nacional Podocarpus y la Reserva biológica Cerro Plateado) será realizado mediante tecnología de vigilancia.
En concordancia, su Reglamento (RLOFAP) establece que, en estas áreas, el control del territorio se fortalecerá mediante el uso de herramientas tecnológicas como drones, sensores remotos, sistemas de georreferenciación, cámaras trampa u otros mecanismos que garanticen un monitoreo permanente y eficaz, previa autorización de la entidad competente.
Sobre la base de este marco normativo, se recomienda la incorporación de componentes tecnológicos en los procesos judiciales, de modo que dichos mecanismos formen parte integral de las actuaciones tanto en la vía administrativa como penal.
Un componente tecnológico muy valioso que entra dentro de esta lista de herramientas tecnológicas son los reportes de monitoreo satelital. Por ello, se recomienda que sean integrados a procesos judiciales y al procedimiento administrativo, en calidad de elemento de convicción, evidencia y prueba. A tal fin, es importante promover toda iniciativa normativa que enfatice la importancia del empleo de la tecnología en el control ambiental y la prevención de los ilícitos.
Agradecimientos
Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore y la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad).
MAAP #241: Rápida expansión de la minería ilegal de oro en la Reserva Nacional Tambopata (Amazonía peruana sur)
Imagen 1. Reciente expansión de la minería ilegal de oro en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet.
La minería de oro ha sido un notorio motor de deforestación en el sur de la Amazonía peruana durante varias décadas. Esta deforestación minera alcanzó niveles de crisis a mediados de la década de 2010, afectando particularmente a la Reserva Nacional Tambopata y a su zona de amortiguamiento (ver MAAP #96 de enero de 2019). Esta situación condujo a la gran operación gubernamental conocida como «Operación Mercurio» en 2019, y a una iniciativa posterior denominada «Plan de Restauración» en 2021.
Después de un periodo de desaceleración de la actividad minera debido al Operativo Mercurio y al Plan de Restauración, la minería ilegal de oro ha reiniciado una alarmante expansión en la Reserva Nacional Tambopata, principalmente durante el segundo semestre del 2025 e inicios del 2026 (Gráfico 1).
Durante este reciente periodo (2025-26), se ha registrado una extensión total de 500 hectáreas deforestadas por la minería ilegal en la parte norte de la Reserva, en zonas aledañas a lo largo del río Malinowski, el cual forma parte de su límite (ver Mapa base).
Analizando imágenes satelitales de muy alta resolución espacial (Skysat de Planet, 0.5m), se ha detectado un total de 183 infraestructuras mineras y 67 campamentos en cinco zonas mineras (sectores Isla Córdoba, A4, A3, Isla Correntada y Apaylom) en la Reserva Nacional Tambopata para el mes de febrero del 2026.
Basándose en este hallazgo, se estima un total de 1.000 (un mil) personas involucradas en las actividades de minería ilegal detectadas en la Reserva Nacional Tambopata para el año 2026, a través del factor de conversión correspondiente a la maquinaria identificada en las pozas y los campamentos ubicados en las zonas mineras (ACCA, 2022).
Ante esta situación, se han iniciado acciones en respuesta al avance de la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata entre los meses de enero y marzo de 2026. En coordinación con instituciones policiales y militares, los operativos e intervenciones han logrado la incautación y destrucción de maquinaria, equipos y campamentos utilizados en la actividad minera ilegal en la Reserva (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 2026).
A continuación, se presenta:
- La deforestación anual por minería en la Reserva Nacional Tambopata (plazo 2016 – 2025);
. - 4 casos de estudio que incluyen imágenes satelitales para ilustrar, en alta resolución, la última expansión minera en la Reserva.
. - 5 ejes de las políticas públicas frente a la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata, incluyendo operativos y limitaciones del estado; retrocesos y amenazas legislativas; y contexto político-electoral 2026.
Deforestación anual por minería en la Reserva Nacional Tambopata
El Gráfico 1 muestra la deforestación anual por minería al interior de la Reserva Nacional Tambopata para el período 2016 – 2025. Durante este periodo, los principales ecosistemas afectados fueron: Bosque Aluvial Inundable y Bosque Terraza No Inundable.
Gráfico 1. Deforestación por minería en la Reserva Nacional Tambopata y precio internacional del oro. Datos: ACA, ACCA, BCRP, CINCIA, MapBiomas Perú
En este periodo, se resaltan tres eventos claves:
Primero, el Operativo Mercurio, una intervención multisectorial contra la minería ilegal en zonas críticas de la región Madre de Dios realizada a inicios del año 2019, generó una reducción significativa ese mismo año comparada con los años 2016 y 2017, donde se registraron mayores invasiones mineras. Durante los años 2017 y 2018, se iniciaron una serie de operativos e interdicciones en la región que permitieron combatir el avance de la minería ilegal (AIDER, 2021). En conjunto con estas acciones, el éxito del Operativo Mercurio generó una reducción importante en la expansión minera en la Reserva Nacional Tambopata y en su zona de amortiguamiento (Finer y Mamani, 2020).
Segundo, el Plan Restauración, un conjunto de intervenciones militares en zonas críticas de minería ilegal en la Amazonía Sur del Perú realizado en el año 2021, también generó una disminución significativa ese mismo año comparada con la deforestación por minería registrada en el año anterior. Para el año 2020, debido a la pandemia del COVID-19, se presentaron dificultades para el desarrollo de operativos y patrullaje en la Reserva Nacional Tambopata y en su zona de amortiguamiento, generando una reducción en la presencia policial y militar en sectores claves (AIDER, 2021; DAR, 2023; Vadillo, 2022). En consecuencia, se tuvieron registros de reingresos de mineros ilegales al área natural protegida (Romo, 2020), la cual se evidenció en el incremento de la deforestación por minería para este año. Debido a esta situación, los operativos militares desarrollados por parte del Plan Restauración permitieron combatir el avance de la actividad minera ilegal en la región Madre de Dios, logrando una reducción significativa de la deforestación por minería en la Reserva Nacional Tambopata en el año 2021.
Tercero, durante el año 2025, se ha registrado una deforestación alarmante (más de 400 hectáreas), superando los valores registrados en los años críticos (2016 y 2017). Este crecimiento significativo fue impulsado por el incremento exponencial del precio internacional del oro (línea roja). En este contexto, es probable que el aumento sostenido del precio del oro haya influenciado en la expansión de la minería ilegal en los últimos años, a través del incremento en la rentabilidad esperada por la comercialización del mineral extraído.
Mapa Base & Casos de Estudio
El Mapa Base muestra la reciente expansión de 500 hectáreas deforestadas por la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata durante el segundo semestre del 2025 (431 hectáreas) e inicios del 2026 (69 hectáreas hasta febrero). La actividad minera está concentrada en la parte noroeste de la Reserva, en zonas aledañas al río Malinowski. Además, se ha logrado identificar que esta actividad ilegal está ocurriendo en los alrededores de varios puestos de vigilancia de la Reserva.
Los Cuadros A-D indican la ubicación de los cuatro estudios de caso.
Mapa base. Actividad minera ilegal de oro en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACA, ACCA, CINCIA, MapBiomas Perú
Estudio de Caso A. Sector Isla Córdoba
En esta zona, ubicada al noroeste de la Reserva Nacional Tambopata (ver cuadro A en el Mapa Base), se han registrado 106 hectáreas deforestadas por minería entre enero de 2025 y enero de 2026 (Figura A1). Además, esta zona minera está cerca del puesto de vigilancia y control Otorongo de la Reserva (ver Mapa Base).
Figura A1. Deforestación por minería en el sector Isla Córdoba en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
La Figura A2 muestra que gran parte de esta deforestación (80%) ha ocurrido entre julio y diciembre de 2025 (en color naranja), y ha continuado su expansión hasta principios de 2026 (en color rojo). Este sector ha registrado actividad minera en años anteriores (en color azul), principalmente entre los años 2017 y 2018. Como parte de las acciones del Operativo Mercurio en 2019, se realizaron operativos militares que intervinieron las zonas mineras localizadas en este sector, logrando una reducción del avance de la minería ilegal durante este periodo (Salazar, 2024).
Figura A2. Expansión de la deforestación por minería en el sector Isla Córdoba en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
La presencia de infraestructuras mineras para la extracción de oro se ha extendido hacia las diferentes pozas localizadas en este sector registrándose un total de 53 tracas y 20 campamentos mineros en febrero de 2026 (Figura A3).
Figura A3. Infraestructuras mineras en el sector Isla Córdoba en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
Estudio de Caso B. Sector A4
En esta zona, también ubicada en el noroeste de la Reserva Nacional Tambopata (ver cuadro B en el Mapa Base), se han registrado 101 hectáreas deforestadas por minería entre febrero de 2025 y febrero de 2026 (Figura B1).
Figura B1. Deforestación por minería en el sector A4 en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
La Figura B2 muestra que, a inicios del 2025, se detectó la expansión de las primeras zonas mineras en este sector hacia el interior de la Reserva Nacional Tambopata (en color amarillo). Posteriormente, entre julio y diciembre de 2025, se registró un incremento de 83 hectáreas de la minería (en color naranja), representando el 82% del total registrado. El incremento de la minería ha continuado hasta principios del 2026 (en color rojo), expandiéndose hacia el interior de la Reserva.
Figura B2. Datos: ACCA, Planet
En este sector, se ha registrado un total de 68 infraestructuras mineras ubicadas en pozas, así como la presencia de 33 campamentos mineros en febrero de 2026 (Figura B3). La cantidad de infraestructuras identificadas en esta zona fue mayor comparado con los demás sectores analizados.
Figura B3. Infraestructuras mineras en el sector A4 en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
Estudio de caso C. Sector A7
En esta zona, ubicada en el norte de la Reserva Nacional Tambopata (ver cuadro C en el Mapa Base), se han registrado 25 hectáreas deforestadas por minería entre febrero de 2025 y febrero de 2026 a lo largo del río Malinowski (Figura C1). Esta nueva zona minera se encuentra cerca del puesto de vigilancia y control Azul (ver Mapa Base).
Figura C1. Deforestación por minería en el sector A7 en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
La Figura C2 muestra que la minería inició en el segundo semestre de 2025 (en color naranja) con la presencia de una poza aledaña al río Malinowski, y posteriormente, se expandió los siguientes meses. En el 2026 (en color rojo), se registró un incremento de 17 hectáreas, representando el 68% de la deforestación total registrada.
En este sector no se registraron infraestructuras mineras debido a la ausencia de imágenes satelitales Skysat para el año 2026.
Figura C2. Expansión de la deforestación por minería en el sector A7 en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
Estudio de Caso D. Sector Isla Correntada
En esta zona, ubicada en el noreste de la Reserva Nacional Tambopata (ver cuadro D en el Mapa Base), se han registrado 111 hectáreas deforestadas por minería entre enero de 2025 y enero de 2026 (Figura D1). Esta zona minera se encuentra cerca de un puesto de vigilancia y control Yarinal (ver Mapa Base).
Figura D1. Deforestación por minería en el sector Isla Correntada en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
La Figura D2 muestra que la minería inició expandiéndose levemente durante el periodo de enero – junio del 2025 (en color amarillo). Posteriormente, se detectó un avance de la actividad minera desde julio de 2025. La expansión de la minería fue mayor durante el periodo julio – diciembre de 2025, donde se registró un total de 85 hectáreas deforestadas (en color naranja), representando el 76% del total. Al 2026, la minería continúa expandiéndose en distintas zonas del sector Isla Correntada (en color rojo).
Figura D2. Expansión de la deforestación por minería en el sector Isla Correntada en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
Un total de 11 infraestructuras mineras se han identificado en distintas pozas mineras, así como también se han localizado 3 campamentos mineros en este sector. La Figura D3 muestra a diferentes infraestructuras mineras realizando la extracción de oro cerca al río Malinowski, así como la presencia de un campamento minero.
Figura D3. Infraestructuras mineras en el sector Isla Correntada en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
Políticas públicas frente a la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata
El análisis de imágenes satelitales presentado en este informe documenta el avance de la minería ilegal y la deforestación en la Reserva Nacional Tambopata (RNT) durante el período 2025–2026. Para contextualizar estos hallazgos, la presente sección examina el marco de políticas públicas del Estado peruano durante el mismo período, identificando los factores institucionales, normativos y políticos que inciden directa o indirectamente sobre la dinámica observada en la reserva.
El análisis se organiza en torno a cinco ejes:
- Respuesta del Estado: operativos e interdicción;
- Limitaciones estructurales de la respuesta estatal;
- Retrocesos legislativos que favorecen la minería ilegal;
- Amenazas legislativas sobre las Áreas Naturales Protegidas;
- Contexto político-electoral 2026.
En conjunto, el panorama normativo e institucional del período 2025–2026 refleja una tensión estructural entre las acciones de control desplegadas por el Ejecutivo y una tendencia legislativa regresiva que ha debilitado los mecanismos de prevención, fiscalización y sanción. Esta contradicción constituye uno de los principales factores explicativos del avance de la minería ilegal documentado en las imágenes satelitales analizadas. A continuación, se desarrolla cada uno de estos ejes.
1. Respuesta del Estado: operativos e interdicción
En respuesta al avance de la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata, el Estado peruano desplegó durante el período 2025–2026 una serie de acciones de control de carácter operativo y normativo. La medida de excepción más persistente en la región es el estado de emergencia en Madre de Dios, vigente de manera ininterrumpida desde el 7 de abril de 2023, cuando fue declarado mediante el Decreto Supremo N° 046-2023-PCM. Esta medida abarca los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, en la provincia de Tambopata, así como los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe, en la provincia de Manu, y dispone el control del orden interno por parte de la Policía Nacional del Perú con apoyo de las Fuerzas Armadas, orientado a enfrentar la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico ilícito de drogas en la región.
Sobre la base de esta declaratoria, se ejecutaron operativos de interdicción de carácter terrestre y fluvial al interior de la Reserva Nacional Tambopata. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), a través de la Segunda Brigada de Protección de la Amazonía, activó una estrategia de control dinámico con patrullajes permanentes en puntos críticos de la reserva, con especial énfasis en los sectores de Otorongo, Azul, Yarinal y Malinowski, este último nodo clave para el control fluvial y terrestre en el límite norte de la reserva.
El alcance de estas intervenciones, ejecutadas entre enero y marzo de 2026, fue considerable en términos de equipamiento desactivado. En conjunto, se logró la incautación y/o destrucción de 23 balsas carrancheras, 175 balsas tipo traca, 142 tracas, 81 tolvas, 183 motores, 23 motobombas, 119 bombas de succión, 108 caballetes, 33 generadores eléctricos y 3 sistemas fotovoltaicos, además de 14,032 galones de diésel y 1,130 metros de tubería de PVC. Asimismo, se desarticularon 340 campamentos y se incautaron 26 motosierras, 68 tricargueros, 165 motocicletas, 11 motores fuera de borda, 40 motores tipo «peque peque», 34 botes y 29 balsas. No obstante, el monitoreo satelital evidencia que estas acciones no lograron revertir la expansión de la actividad minera en los sectores intervenidos (ver Figura A2).
Paralelamente a estas acciones en campo, el Ejecutivo buscó reforzar el marco legal de persecución del delito. El 20 de enero de 2026 promulgó el Decreto Legislativo N° 1695, que modifica el Código Penal para endurecer las sanciones contra la minería ilegal, estableciendo penas de entre cinco y ocho años de prisión para quienes realicen actividades mineras sin autorización o fuera del proceso de formalización, y de entre seis y nueve años para quienes trafiquen con insumos químicos, maquinaria o minerales de origen ilícito (Presidencia de la República del Perú, 2026).
La norma incorpora además expresamente la minería ilegal dentro del ámbito de la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N° 30077), habilitando el uso de herramientas especiales de investigación para la persecución de estas redes. Complementariamente, el 5 de febrero de 2026 se dispuso una nueva prórroga del estado de emergencia por 60 días adicionales mediante el Decreto Supremo N° 017-2026-PCM, cuya vigencia se extendió hasta el 6 de abril de 2026. Sin embargo, la efectividad de estas medidas tanto operativas como normativas encontró limitaciones concretas que se analizan en la siguiente sección.
2. Limitaciones estructurales de la respuesta estatal
A pesar del despliegue operativo descrito en la sección anterior, la respuesta del Estado enfrentó limitaciones que redujeron su efectividad y que explican, en parte, la continuidad del avance de la minería ilegal documentado en las imágenes satelitales. La más crítica fue de orden presupuestal: los grupos especiales de la Marina de Guerra del Perú que mantenían presencia permanente en los puestos de control y vigilancia a lo largo del río Malinowski (frontera natural entre la RNT y su zona de amortiguamiento) fueron replegados durante 2025 por falta de financiamiento, interrumpiendo las acciones de interdicción en uno de los corredores de ingreso más activos de la minería ilegal hacia el interior de la reserva, lo cual coincide con lo presentado en el Mapa base (Chumpitaz, 2025).
Esta ausencia de presencia continua en campo se tradujo en una capacidad de respuesta reactiva antes que preventiva. Si bien el Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal, Rodolfo García Esquerre, señaló que para 2026 se incrementó el presupuesto destinado a esta lucha, especialistas advirtieron que dicho aumento resultaría insuficiente en tanto las normas vigentes continúen generando condiciones de impunidad para los operadores ilegales (Chumpitaz, 2025). En esa misma línea, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) señaló que jueces, fiscales y procuradores enfrentan restricciones presupuestales y falta de personal especializado, lo que pone en riesgo la aplicación efectiva del Decreto Legislativo N° 1695 aprobado en enero de 2026 (Pizarro, 2026).
El resultado de estas limitaciones es una brecha estructural entre la respuesta operativa del Estado y la escala del problema. El hecho de que la región de Madre de Dios se encuentre bajo estado de emergencia de manera ininterrumpida desde abril de 2023, con prórrogas consecutivas cada 60 días, da cuenta de la cronicidad del fenómeno y de la insuficiencia de las medidas adoptadas para revertirlo de manera sostenida: los operativos de interdicción logran desactivar equipamiento y campamentos puntuales, pero no impiden la recomposición de las redes criminales ni el avance sostenido de la frontera minera hacia el interior de la reserva. Esta brecha no puede explicarse únicamente por restricciones presupuestales o de capacidad institucional, sino también por un conjunto de retrocesos legislativos que, como se analiza en la siguiente sección, han operado en sentido contrario a los esfuerzos de control desplegados en campo.
3. Retrocesos legislativos que favorecen la minería ilegal
Como se señaló en la sección anterior, las limitaciones de la respuesta estatal no se explican únicamente por restricciones operativas o presupuestales, sino también por un conjunto de modificaciones legislativas aprobadas durante el período 2025–2026 que han debilitado los mecanismos de prevención, fiscalización y sanción de la minería ilegal. Estas normas, aprobadas en paralelo a los operativos de interdicción, configuran un marco regulatorio contradictorio que reduce la eficacia de las acciones de control desplegadas en campo.
El retroceso más significativo fue la quinta ampliación del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), aprobada por el Pleno del Congreso en diciembre de 2025 y promulgada mediante la Ley N° 32537 por el Ejecutivo el 26 de diciembre del mismo año. Mediante esta norma, el plazo del proceso de formalización minera quedó prorrogado hasta finales de 2026, con la posibilidad de un cierre anticipado en caso de que la Ley MAPE y su reglamento entren en vigencia antes de esa fecha.. Cabe destacar que se trata de la quinta prórroga consecutiva de un mecanismo que fue concebido originalmente como transitorio: las ampliaciones previas se produjeron en 2019, 2024, junio de 2025 y diciembre de 2025 (Zevallos Morón, 2026). Isabel Calle (2025), señaló que con esta extensión el país continúa atrapado en un sistema que no ha impulsado la formalización efectiva y que, por el contrario, ha generado incentivos para no cumplir la ley, agravando el deterioro ambiental en regiones como Madre de Dios.
A este retroceso se suman modificaciones adicionales que debilitaron las herramientas legales disponibles para combatir la minería ilegal. Por un lado, el Congreso derogó la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1607, que modificaba la Ley N° 30077 contra el Crimen Organizado, reduciendo las facultades de la PNP para actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos, particularmente en casos vinculados a mineros suspendidos del REINFO. La medida fue duramente criticada por la Contraloría General de la República, que advirtió que su implementación podría favorecer actividades ilícitas vinculadas a la minería informal (Tuesta, 2024).
En conjunto, estos retrocesos legislativos configuran un escenario en el que los operativos de interdicción y el endurecimiento de penas introducido por el Decreto Legislativo N° 1695 operan sobre una base normativa que simultáneamente amplía los márgenes de tolerancia hacia la informalidad minera. A este panorama se añaden, además, iniciativas legislativas que representan una amenaza directa sobre las Áreas Naturales Protegidas de la región, como se analiza en la siguiente sección.
4. Amenazas legislativas sobre las Áreas Naturales Protegidas
Al panorama de retrocesos legislativos descrito en la sección anterior se suman, durante el mismo período, iniciativas parlamentarias que representan una amenaza directa sobre el marco legal de protección de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la región de Madre de Dios, incluyendo los ecosistemas contiguos a la Reserva Nacional Tambopata. A diferencia de las normas analizadas previamente, estas iniciativas no debilitan los mecanismos de control sobre la minería ilegal ya existente, sino que apuntan a modificar el estatus legal de protección de espacios que actualmente constituyen la última barrera institucional frente a la expansión de actividades extractivas en la región.
La primera de estas iniciativas es el Proyecto de Ley N° 1822/2024-CR, presentado el 2 de julio de 2025 por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular). La propuesta plantea modificar nueve artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834), abriendo la posibilidad de realizar actividades extractivas de hidrocarburos en espacios que actualmente cuentan con máxima protección legal, como parques nacionales y santuarios nacionales e históricos, y otorgando mayor injerencia al Ministerio de Energía y Minas en la gestión de estas áreas. Vanessa Cueto advirtió que de aprobarse esta modificación las áreas protegidas terminarían siendo únicamente «de papel», al quedar expuestas a los efectos de actividades extractivas de alto impacto. Entre las áreas directamente afectadas se encuentran los Parques Nacionales Bahuaja Sonene y el Manu, ambos colindantes con la Reserva Nacional Tambopata (Sierra Praeli, 2023).
En una dirección similar, el 20 de marzo de 2026 el congresista Eduardo Salhuana presentó el Proyecto de Ley N° 14288/2025-CR, que declararía de interés y prioridad estratégica nacional el desarrollo de la cuenca gasífera de Madre de Dios, autorizando de manera excepcional actividades de exploración y explotación de gas en ANP de uso indirecto, incluyendo los Parques Nacionales del Manu y Bahuaja Sonene, así como la Reserva Comunal Amarakaeri. Sobre ello se ha criticado que su aprobación constituiría una regresión normativa de primer orden, dado que tanto el Parque Nacional del Manu como el Parque Nacional Bahuaja Sonene son ANP de uso indirecto que, conforme a la legislación vigente, prohíben expresamente la extracción de recursos naturales en su interior (SPDA, 2026).
En el mismo período, se reactivó el Proyecto de Ley N° 3377, presentado originalmente en octubre de 2022 por el mismo congresista, que propone habilitar el otorgamiento de concesiones mineras sobre áreas revertidas al Estado por incumplimiento de obligaciones, inactividad u otras causales de extinción o anulación. De aprobarse, esta propuesta eliminaría las restricciones vigentes para el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en Madre de Dios (Salazar Vega, 2026).
Estos proyectos, aunque aún en etapa de debate legislativo al cierre de este informe, reflejan una tendencia a subordinar la protección ambiental de la región a intereses extractivos, en un contexto en el que la presión sobre la RNT ya alcanza niveles críticos según los datos satelitales analizados. Este escenario se agrava adicionalmente por factores de orden político y social que se examinan en la sección siguiente.
5. Violencia contra defensores ambientales y contexto político-electoral 2026
El escenario de presión legislativa y debilidad institucional descrito en las secciones anteriores se desarrolla en un contexto social y político que agrava adicionalmente la situación de la Reserva Nacional Tambopata. Dos factores destacan en este sentido: la violencia ejercida contra quienes defienden el territorio y la ausencia de una agenda ambiental sólida en el marco del proceso electoral nacional de 2026.
En ejemplo de lo que respecta a la violencia contra defensores ambientales, el 26 de julio de 2025 fue asesinado Hipólito Quispe Huamán, defensor ambiental de la Reserva Nacional Tambopata, cuando se trasladaba hacia su domicilio por la carretera Interoceánica en Madre de Dios. Su muerte se suma a los más de 30 crímenes de defensores ambientales y líderes indígenas registrados en el Perú desde 2020, consolidando un patrón de violencia que opera como mecanismo de disuasión frente a quienes monitorean y denuncian las actividades ilegales en la reserva (Sierra Praeli, 2025).
A este factor se suma el contexto político-electoral de 2026. El proceso electoral nacional, que implica la renovación del Ejecutivo y el Legislativo, se desarrolla en un escenario de inestabilidad política y debilitamiento progresivo de las políticas ambientales. A pesar de que el capital natural peruano sostiene aproximadamente el 20% del PBI y el 65% de la agricultura nacional, el medio ambiente no ocupa un lugar central en las propuestas de los candidatos, según expertos consultados por diversas organizaciones (Guardia Brown, 2026). Esta ausencia de voluntad política estructural implica que las decisiones de fondo necesarias para frenar el avance de la minería ilegal en la RNT (como la aprobación de una Ley MAPE efectiva, el cierre definitivo del REINFO o el fortalecimiento presupuestal del SERNANP) difícilmente serán abordadas en el corto plazo, prolongando la ventana de vulnerabilidad documentada en el presente informe.
6. Conclusión sobre políticas públicas
El análisis del marco de políticas públicas del Estado peruano durante el período 2025–2026 revela un escenario de profunda contradicción institucional. Por un lado, el Ejecutivo desplegó acciones concretas de respuesta frente a la crisis de la RNT, incluyendo la declaratoria de estado de emergencia en la provincia de Tambopata, operativos de interdicción de carácter terrestre y fluvial, y el endurecimiento del marco penal mediante el Decreto Legislativo N° 1695. Por otro lado, estas acciones operan sobre una base normativa e institucional que simultáneamente ha sido debilitada por decisiones legislativas regresivas, restricciones presupuestales estructurales, iniciativas parlamentarias que amenazan el estatus legal de las ANP de la región, y un contexto de violencia contra defensores ambientales que reduce la capacidad de vigilancia territorial.
Esta contradicción no es coyuntural sino estructural: refleja la ausencia de una política integral y sostenida de protección de la RNT que articule de manera coherente los instrumentos operativos, normativos, presupuestales e institucionales disponibles. Un indicador de ello es que, ante la magnitud del problema, el SERNANP viene promoviendo la conformación de un comando unificado para la lucha contra la minería ilegal, reconociendo que la capacidad de control territorial de la PNP ha sido sobrepasada por la escala del fenómeno y que se requiere una intervención más integral por parte de las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, los hallazgos del análisis satelital presentados en este informe no pueden interpretarse únicamente como el resultado del accionar de redes criminales, sino también como la expresión territorial de un marco de gobernanza ambiental que, durante el período analizado, no ha logrado contener el avance de la minería ilegal ni revertir la tendencia de deforestación en una de las áreas naturales protegidas más importantes del país. El contraste con los resultados del Operativo Mercurio de 2019 y el Plan Restauración de 2021, ambos asociados a reducciones medibles de la deforestación documentadas en el Gráfico 1, sugiere que la efectividad del Estado no depende de la ausencia de herramientas, sino de la articulación, coherencia y sostenibilidad con que estas se despliegan.
Metodología
La identificación de deforestación por minería de oro en la Reserva Nacional Tambopata utilizó la información de deforestación histórica por minería para la región Madre de Dios generada por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) para los años 1984 – 2019, por MapBiomas Perú para el año 2020, y por Amazon Conservation (ACA) para el periodo Enero 2021 – Marzo 2024.
Luego, se utilizó el algoritmo LandTrendR para la identificación de pérdida de bosque en mosaicos mensuales de Planet NICFI para el periodo Abril 2024 – Julio 2025. Para el periodo Agosto 2025 – Febrero 2026, se realizó el monitoreo de la deforestación por minería identificada utilizando los mosaicos mensuales de Planet NICFI (resolución espacial de 4.7 m) para registrar la expansión de la deforestación por minería en el área natural protegida.
La identificación de infraestructuras y campamentos mineros se basó en la interpretación visual de imágenes satelitales de muy alta resolución disponibles en la plataforma Planet para las zonas mineras identificadas en la Reserva Nacional Tambopata.
Referencias
Alza, R. (27 de febrero de 2026). Estado intensifica lucha contra minería ilegal en Tambopata. Rumbo Minero. https://www.rumbominero.com/actualidad/estado-intensifica-lucha-contra-mineria-ilegal-en-tambopata/
Andina. (4 de febrero de 2026). Normas Legales: prorrogan estado de emergencia en diversos distritos de Madre de Dios. Andina. https://andina.pe/agencia/noticia-normas-legales-prorrogan-estado-emergencia-diversos-distritos-madre-dios-1061822.aspx
Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER. (2021). Minería ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Cartilla N°17. https://aider.com.pe/publicacionesca/cartillas/Cartilla_Mineria_2021_VF_opt.pdf
Banco Central de Reserva del Perú – BCRP. (2026). Estadísticas mensuales del precio internacional de oro – LME (US$ por onzas troy). Gerencia Central de Estudios Económicos. https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01654XM
Calle, I. (28 de noviembre de 2025). El Reinfo: una excepción que se volvió norma. SPDA. https://spda.org.pe/noticia/el-reinfo-una-excepcion-que-se-volvio-norma/
Chumpitaz, O. (31 de diciembre de 2025). Mafias mantienen en vilo al Parque Nacional del Manu y a la Reserva Nacional de Tambopata. La República. https://larepublica.pe/politica/2025/12/31/mafias-mantienen-en-vilo-al-parque-nacional-del-manu-y-a-la-reserva-nacional-de-tambopata-mineria-ilegal-hnews-775496
Conservación Amazónica (ACCA), Proyecto Prevenir – USAID. (2022). Estimación de la población minera informal e ilegal en el departamento de Madre de Dios, a partir del uso de imágenes satelitales sub métricas. https://repositorio.profonanpe.org.pe/handle/20.500.14150/2744
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. (2026). Comando Operacional del Sur asesta golpe de S/ 1.7 millones contra la minería en Tambopata. Presidencia de la República del Perú. https://www.gob.pe/institucion/ccffaa/noticias/1374254-comando-operacional-del-sur-asesta-golpe-de-s-1-7-millones-contra-la-mineria-ilegal-en-tambopata
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR. (2023). Desafiando la legalidad y la justicia: La minería ilegal en Madre de Dios. Lima, Perú. https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2024/08/Mineria-ilegal-en-Madre-de-Dios-version-final.pdf
Finer, M., Mamani, N. (2020). Reducción de Minería Ilegal en la Amazonía Peruana Sur. MAAP: 121. https://www.maapprogram.org/es/mineria-peru-2020/
Guardia Brown. (26 de enero de 2026). Desafíos ambientales del Perú en 2026: minería ilegal, crimen organizado y gobernanza ambiental en un contexto electoral. Pulso PUCP. https://pulso.pucp.edu.pe/noticias/desafios-ambientales-del-peru-en-2026-mineria-ilegal-crimen-organizado-y-gobernanza-ambiental-en-un-contexto-electoral
Inforegión Redacción. (15 de enero de 2026). Destruyen 24 máquinas utilizadas para la minería ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata. Inforegión. https://inforegion.pe/destruyen-24-maquinas-utilizadas-para-la-mineria-ilegal-en-la-reserva-nacional-de-tambopata/
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Mongabay Latam. (18 de julio de 2025). ¿Qué cambios busca el proyecto de ley de Áreas Naturales Protegidas en Perú? Mongabay. https://es.mongabay.com/podcast/2025/07/que-cambios-busca-el-proyecto-de-ley-de-areas-naturales-protegidas-en-peru/
Pizarro, O. (4 de febrero de 2026). Minería ilegal en Perú: nuevo decreto endurece penas, pero no ataca las causas de fondo. Infobae. https://www.infobae.com/peru/2026/02/04/mineria-ilegal-en-peru-nuevo-decreto-endurece-penas-pero-no-ataca-las-causas-de-fondo/
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Romo, V. (2020). Perú: Minería ilegal entra a la Reserva Nacional Tambopata ante ausencia temporal de la policía. Mongabay. https://es.mongabay.com/2020/03/peru-tambopata-mineria-ilegal-ausencia-de-policia/
Salazar, E. (2024). La violencia replegó al Estado peruano y presiona la Reserva Nacional Tambopata en Perú. Mongabay. https://es.mongabay.com/2024/07/violencia-replego-al-estado-peruano-presiona-reserva-nacional-tambopata-peru/
Vadillo Vila, J. (2022). La minería ilegal y su impacto en tiempos de pandemia. Diario El Peruano. https://elperuano.pe/noticia/170967-la-mineria-ilegal-hoy
Zevallos Morón, J. (26 de diciembre de 2025). Gobierno promulgó ley que amplía la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2026. RPP. https://rpp.pe/politica/gobierno/gobierno-promulgo-ley-que-amplia-la-vigencia-del-reinfo-hasta-diciembre-de-2026-noticia-1669269
Agradecimientos
Agradecemos a la Subdirección de Información Estratégica e Investigación de las Áreas Naturales Protegidas y la Subdirección de Supervisión, Vigilancia y Control del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) por sus aportes y comentarios al presente reporte.
Este informe es parte de una serie enfocada en la minería de oro en la Amazonía peruana, a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Amazon Conservation y Conservación Amazónica – ACCA, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.
Cita
Pacsi R, Novoa S, La Torre S, Balbuena H, Finer M, Santana A, Castillo H. (2026). Rápida expansión de la minería ilegal de oro en la Reserva Nacional Tambopata (Amazonía peruana sur). MAAP:241.
MAAP #236: Deforestación por Pastizales Crece en Áreas de Conservación de la Amazonía Ecuatoriana
Mapa Base. Datos: Mapbiomas 2023; MAATE, 2024
En la Amazonía ecuatoriana, cerca del 75% de la superficie agropecuaria corresponde a pastos (1). Esto significa que, por cada cuatro hectáreas destinadas a la agricultura, tres se utilizan para la ganadería.
Esta expansión ha generado una creciente presión sobre los ecosistemas naturales, especialmente en las áreas protegidas, donde se ha registrado una pérdida del 25% de la cobertura forestal debido a la conversión de bosques en pastos (2). Este proceso se ha convertido en uno de los principales impulsores de la deforestación en la región.
El presente estudio se centra en zonas prioritarias de conservación ubicadas dentro del Corredor Llanganates–Sangay (CELS) y el Parque Nacional Sangay, en las provincias de Pastaza y Morona Santiago, territorios que evidencian un notable avance de los pastos sobre bosques nativos.
Su objetivo es cuantificar y alertar sobre la pérdida del bosque nativo asociada a la expansión de los pastos, con el fin de generar información técnica que respalde el diseño e implementación de estrategias efectivas para la conservación, restauración y manejo sostenible del territorio amazónico.
En este contexto, el Corredor de Conectividad Ecológica Llanganates–Sangay (CELS) constituye un espacio estratégico, al enlazar el Parque Nacional Llanganates con el Parque Nacional Sangay e integrar diversas áreas de conservación bajo distintos esquemas de manejo (3). Este corredor ha sido identificado como una zona clave para la conservación (4).
Por su parte, el Parque Nacional Sangay, una de las áreas protegidas más extensas y diversas del Ecuador, alberga una rica variedad de ecosistemas y especies. Sin embargo, enfrenta crecientes amenazas por la expansión agropecuaria, los incendios y la pérdida de cobertura vegetal, que han provocado la fragmentación del paisaje y la reducción de la biodiversidad (5).
Casos de Estudio
Seleccionamos dos casos de estudio ubicados en el Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay y en el Parque Nacional Sangay, dentro de las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Estos casos permiten evidenciar la expansión de los pastos y su consecuente impacto en la pérdida de cobertura forestal durante el período 2023-2025.
Caso 1: Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay
Caso 1. Datos: EcoCiencia, Planet
El Caso 1 se localiza en el Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay (CELS), un eje ecológico estratégico que enlaza el Parque Nacional Llanganates, al norte, con el Parque Nacional Sangay, al sur.
El Corredor de Conectividad Ecológica Llanganates–Sangay (CELS) ha sido objeto de investigaciones científicas por más de 150 años, revelando hallazgos de gran relevancia.
De hecho, supera a las Islas Galápagos en diversidad botánica y concentra cerca de 700 especies de aves y 285 especies de reptiles y anfibios, cifras que exceden incluso los registros del Parque Nacional Yasuní dentro del corredor (Jaramillo et al., 2025).
No obstante, la creciente presión derivada de las actividades humanas principalmente la ganadería ha provocado transformaciones significativas en el paisaje.
Gráfico 1. Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay. Datos: Fundación EcoCiencia
El Gráfico 1 evidencia la tendencia de esta expansión: hasta 2023 se acumulaban 92 hectáreas intervenidas, cifra que aumentó a 119 hectáreas en 2024 y alcanzó 136 hectáreas hasta julio de 2025.
Aunque el valor parcial registrado en 2025 es menor al del año anterior, ya representa más del 60% de la superficie intervenida en 2024, lo que anticipa un incremento considerable hacia finales del año.
Cabe destacar que también se detectaron 0,82 hectáreas de pastos dentro de los límites del Parque Nacional Llanganates, lo que evidencia la expansión de esta actividad incluso en áreas con el más alto nivel de protección.
El Recuadro A evidencia la expansión de los pastos entre octubre de 2022 (panel izquierdo) y julio de 2025 (panel derecho). En este período se observan cambios significativos en la cobertura vegetal, así como afectaciones en las riberas del río Anzu.
Recuadro Caso 1. Datos: EcoCiencia; Planet.
Caso 2: Parque Nacional Sangay
Caso 2. Datos: EcoCiencia, Planet
El Caso 2 se ubica dentro del Parque Nacional Sangay, área protegida declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1983, reconocida por su extraordinaria biodiversidad y alto valor ecológico (Jaramillo et al., 2025).
En este espacio se realizó el monitoreo satelital dentro de un área de análisis delimitada, registrándose hasta 2023 un total de 566 hectáreas intervenidas, cifra que aumentó a 649 hectáreas en 2024 y alcanzó 806 hectáreas hasta julio de 2025.
Gráfico 2. Caso 2: Parque Nacional Sangay (2023-2025). Datos: Fundación EcoCiencia
Estos resultados evidencian una aceleración preocupante en la expansión de los pastos dentro del área protegida, lo que pone en riesgo la integridad ecológica del parque y la efectividad de sus objetivos de conservación (ver Gráfico 2).
El Recuadro B muestra la expansión de los pastos entre noviembre de 2022 (panel izquierdo) y julio de 2025 (panel derecho), evidenciando cambios significativos en la cobertura vegetal durante este período. Asimismo, se observa la presencia de vías que funcionan como accesos directos hacia los pastos, facilitando su expansión y potenciando los procesos de deforestación en el área.
Recuadro Caso 2. Datos: EcoCiencia; Planet.
Recomendaciones políticas para la política pública
1. Fortalecimiento del Sistema de trazabilidad de la ganadería
Foto: Fundación EcoCiencia
La Constitución de la República del Ecuador (art. 276) de desarrollo tiene entre sus objetivos, recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano, sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficiarios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. En concordancia con este mandato, la RESOLUCIÓN No. CIPCS-2024-002 crea el Subcomité de Deforestación, asignándole a través de su Artículo 26 la responsabilidad de coordinar las acciones interinstitucionales a fin de contar con un mecanismo que permita la identificación de las áreas de producción en las que se pueda verificar la no deforestación, en cumplimiento de las normas internacionales.
En este contexto, y considerando que los pastizales cumplen principalmente funciones de provisión de forraje pero que su expansión continúa asociándose a procesos de deforestación en áreas de alto valor ecológico, se recomienda fortalecer el sistema nacional de trazabilidad existente con criterios ambientales y de tenencia de la tierra. Este fortalecimiento debe priorizar la interoperabilidad entre las plataformas y visores geográficos estatales, la verificación obligatoria de no deforestación para todas las unidades productivas (incluidos pequeños y grandes productores y comercializadores) y la implementación de mecanismos de alerta temprana basados en monitoreo satelital.
2. Ordenamiento territorial y control de la expansión vial
Foto: Fundación EcoCiencia
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 409, reconoce la conservación del suelo como un asunto de interés público y de prioridad nacional.
De igual forma, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS), en sus artículos 10 y 19, establece que el ordenamiento territorial debe garantizar la protección del patrimonio natural y cultural, restringiendo la construcción y el fraccionamiento en zonas de especial valor biofísico, ambiental o de riesgo.
Por su parte, el Código Orgánico del Ambiente (COA), en su artículo 318, tipifica como infracción muy grave la construcción de obras de infraestructura dentro de áreas protegidas sin autorización, sancionando estas prácticas con multas.
En este sentido, recomendamos establecer lineamientos claros para la construcción de infraestructura vial en zonas de alta fragilidad ecológica, priorizando procesos de consulta comunitaria y estudios de impacto ambiental.
3. Protección de fuentes hídricas y mecanismos financieros innovadores
Foto: Fundación EcoCiencia
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 397 y 407, dispone que el Estado debe actuar de manera inmediata y subsidiaria frente a daños ambientales, garantizando la restauración de los ecosistemas y repitiendo contra los responsables los costos de la reparación integral.
Por su parte, el Código Orgánico del Ambiente (COA), en su artículo 154, promueve la forestación y reforestación en espacios públicos con criterios técnicos, ecológicos y socioculturales, priorizando especies nativas que fortalezcan los corredores ecológicos y la conectividad de la fauna.
En este marco, recomendamos implementar programas de incentivos para la regeneración natural de áreas degradadas y promover la compra de tierras por parte de gobiernos seccionales con fines de conservación de fuentes hídricas.
Asimismo, se sugiere fomentar la creación de Fondos de Agua en la Amazonía ecuatoriana, como mecanismos financieros que canalicen aportes de los sectores beneficiarios del recurso hídrico hacia la protección de cuencas y la sostenibilidad de los ecosistemas.
4. Educación ambiental y fortalecimiento comunitario
Foto: Fundación EcoCiencia
La Constitución de la República del Ecuador (art. 27) establece que la educación debe garantizar el desarrollo integral de las personas, fomentando el respeto a los derechos humanos, la democracia y un medio ambiente sustentable. En concordancia, el Código Orgánico del Ambiente (COA) dispone en su artículo 16 que la educación ambiental sea un eje transversal en todos los niveles de enseñanza, orientado a generar conciencia, valores y conductas para la protección del ambiente y el desarrollo sostenible. A su vez, el artículo 28 otorga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales la facultad de implementar planes y proyectos de conservación y restauración forestal, así como promover la educación y la participación ciudadana en la defensa de los derechos ambientales y de la naturaleza.
Por tanto, recomendamos impulsar programas de educación integral que articulen la conservación ambiental con la mejora de los medios de vida, incorporando dimensiones sociales y culturales como el deporte, la gastronomía, las artes, los oficios y las finanzas personales, para generar espacios de aprendizaje participativo y adaptados a la realidad local.
Notes
(1) Fuente: MAE, 2016. Es decir, áreas donde la cobertura natural ha sido modificada, eliminada o reemplazada por otras coberturas vegetales con fines agropecuarios. En estos espacios se presentan agrupaciones de especies cultivadas destinadas a la producción de alimentos, fibras o forraje (MapBiomas, 2025).
(2) Fuente: Jaramillo et al., 2025.
(3) Los corredores de conectividad son áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, que primordialmente se establecerán entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y otras áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, bajo un enfoque de gestión sostenible de paisajes.
(4) Debido a su ubicación estratégica, su papel en la regulación del ciclo hídrico, la riqueza de su biodiversidad, la variedad de hábitats y ecosistemas presentes, así como por las funciones que desempeña en el mantenimiento del equilibrio climático global (Arias et al., 2015).
(5) Estas transformaciones afectan la estructura ecológica y limitan la movilidad de especies como el tapir andino (Tapirus pinchaque), provocando su aislamiento poblacional.
Metodología
Para la identificación y cuantificación de pastos se desarrolló una herramienta de geoprocesamiento basada en el índice NDRE, a partir del análisis de imágenes satelitales PlanetScope de 8 bandas.
Agradecimientos
Expresamos nuestro sincero agradecimiento a Erick Metzler de CONDESAN y a Fernando Espíndola por sus valiosos aportes en la elaboración de este informe.
Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad).
MAAP #234: Minería aurífera ilegal en el Parque Nacional Yapacana, incluyendo la cima del tepuy Yapacana (Amazonía venezolana)
Imagen 1. Deforestación ilegal por la minería aurífera (en rojo) en la cima del tepuy Yapacana. Datos: Planet.
En una serie de reportes anteriores, y en colaboración con SOS Orinoco, hemos mapeado la deforestación causada por la minería aurífera ilegal y sus repercusiones en el Parque Nacional Yapacana, situado en la Amazonía venezolana.
De manera crítica, parte de esta actividad minera ilegal ha estado ocurriendo en la cima del tepuy Yapacana (ver los círculos rojos en la Imagen 1).
Los tepuis son impresionantes montañas con forma de mesa que se encuentran en el norte de América del Sur. Son considerados sagrados por los grupos indígenas de la región del Escudo Guayanés; de hecho, la palabra tepuy significa «montaña» en la lengua indígena local (pemon).
En el 2022, publicamos un reporte urgente sobre la minería ilegal en la cima del tepuy Yapacana (MAAP #169). En este reporte, documentamos más de 400 puntos de campamentos mineros y maquinaria pesada, lo que indica una operación organizada y a gran escala que causó la deforestación de 8.8 hectáreas en la cima del tepuy.
Dada la importancia de este hallazgo, el Washington Post publicó un artículo de gran perfil sobre el tema, exponiendo aún más la gravedad de la minería ilegal en el tepuy.
En respuesta, el gobierno venezolano condujo una operación militar contra la actividad minera ilegal en el tepuy en diciembre de 2022.
A principios de 2024, informamos de que se habían retirado todos los campamentos y maquinarias mineras ilegales de la cima del tepuy (MAAP #207). De hecho, no detectamos ninguna deforestación adicional por minería en la cima del tepuy durante el 2024.
Sin embargo, ahora presentamos pruebas de que la actividad minera ilegal se ha reanudado en la cima del tepuy en 2025.
También mostramos la continua deforestación minera que rodea el tepuy en otras partes del Parque Nacional Yapacana. En el momento de la intervención del gobierno a finales de 2022, detectamos una deforestación acumulada por la minería de 2190 hectáreas en el parque, incluyendo grandes aumentos tanto en 2021 como en 2022 (MAAP #173). Esta deforestación por la minería se ha ralentizado, especialmente en 2024 y 2025, pero ya ha afectado a 2.240 hectáreas del parque.
Deforestación por la minería aurífera en el Parque Nacional Yapacana, 2020-2025
Figura 1. Deforestación minera en el Parque Nacional Yapacana. Datos: ACA/MAAP, NICFI
La Figura 1 presenta nuestros resultados digitalizados sobre la deforestación anual causada por la minería en todas las zonas mineras del Parque Nacional Yapacana, basados en un análisis de imágenes satelitales de alta resolución.
Gráfico 1. Deforestación minera en el Parque Nacional Yapacana. Datos: ACA/MAAP
El Gráfico 1 muestra las tendencias observadas en los datos digitalizados del Parque Nacional Yapacana.
La línea naranja muestra la disminución de la deforestación minera anual tras los máximos detectados en 2021 y 2022. En ambos años se registraron más de 400 hectáreas de nueva deforestación minera, mientras que en 2024 solo fueron 37 hectáreas.
La línea roja muestra el aumento acumulativo de la deforestación minera desde la línea de base en 2020, antes de estabilizarse en 2024 y 2025, con un total actual de deforestación de 2,250 hectáreas.
Deforestación por la minería aurífera en la cima del tepuy Yapacana, 2020-2025
Figura 2. Deforestación minera en la cima del tepui Yapacana. Datos: ACA/MAAP, Planet, NICFI.
La Figura 2 presenta nuestros resultados digitalizados de la deforestación anual por la minería en la cima del tepuy Yapacana, basados en un análisis de imágenes satelitales de alta resolución.
Gráfico 2. Deforestación minera en la cima del tepuy Yapacana. Datos: ACA/MAAP.
El Gráfico 2 muestra las tendencias observadas en los datos digitalizados sobre el tepuy Yapacana.
La línea naranja muestra la deforestación anual por minería de aproximadamente 2 hectáreas tanto en 2021 como en 2022, seguida de una notable disminución tras la intervención del gobierno a finales de 2022. De hecho, en 2024 no se detectó ninguna deforestación por minería, seguida de la reaparición que se detalla en este informe.
La línea roja muestra la deforestación minera acumulada que aumenta desde la línea de base en 2020 antes de estabilizarse en 2024 y 2025, con un total actual de deforestación de 9.3 hectáreas.
Eventos recientes de deforestación por la minería aurífera 2024-2025
Mapa Base. Los recuadros A-C indican la ubicación del análisis detallado que figura a continuación. Datos: ACA/MAAP, Planet, NICFI
En el Mapa Base, los Recuadros A-C indican las tres áreas con expansión minera aurífera documentada entre 2024 y 2025, según un análisis de imágenes satelitales de muy alta resolución.
A continuación, ofrecemos un examen más detallado de estas tres áreas.
Minería aurífera ilegal en la cima del tepuy Yapacana
El recuadro A muestra la reciente deforestación por la minería aurífera de 0,09 hectáreas entre enero de 2024 (panel izquierdo) y agosto de 2025 (panel derecho), ubicada en la cima del tepuy Yapacana, en el Parque Nacional Yapacana. Aunque se trata de una pequeña expansión, indica el regreso de la minería ilegal en el tepuy.
Recuadro A. Deforestación por la minería aurífera en la cima del tepuy Yapacana. Datos: Planet, ACA/MAAP
Minería aurífera ilegal en el Parque Nacional Yapacana
El recuadro B muestra la reciente deforestación causada por la minería aurífera de 22.4 hectáreas entre marzo de 2024 (panel izquierdo) y agosto de 2025 (panel derecho) en el Parque Nacional Yapacana, justo al norte del tepuy Yapacana. También hay indicios de maquinaria minera asociada a esta actividad.
Recuadro B. Deforestación por la minería aurífera en el Parque Nacional Yapacana. Datos: Planet, ACA/MAAP
El recuadro C muestra la reciente deforestación causada por la minería aurífera de 1,01 hectáreas entre marzo de 2024 (panel izquierdo) y agosto de 2025 (panel derecho) en el Parque Nacional Yapacana, justo al norte del tepuy Yapacana.
Recuadro C. Deforestación causada por la minería aurífera en el Parque Nacional Yapacana. Datos: Planet, ACA/MAAP.
Implicaciones políticas
Foto de minería aurífera ilegal en el Parque Nacional Yapacana. Créditos: SOSOrinoco
La minería está estrictamente prohibida en todos los parques nacionales venezolanos. Esta protección legal es fundamental para la conservación de las áreas más biodiversas y ecológicamente significativas del país.
Además, la minería está explícitamente prohibida en Amazonas (estado en el que se encuentra el Parque Nacional Yapacana) por el Decreto Presidencial Nº 269 (1989). Este decreto se promulgó para salvaguardar los ecosistemas únicos y los territorios indígenas de la región, reconociendo su importancia mundial y nacional.
Para hacer cumplir estas prohibiciones legales, hay un puesto de mando permanente de la Guardia Nacional Bolivariana a la entrada del Parque Nacional Yapacana. La presencia de esta fuerza de seguridad plantea importantes interrogantes sobre la eficacia y la voluntad de las fuerzas del orden y el control real de las actividades dentro del parque.
Aunque la reciente deforestación minera en la cima del tepuy Yapacana en 2025 es cuantitativamente pequeña (0,09 hectáreas), pone de relieve la importancia de la detección y la respuesta tempranas, especialmente en zonas tan sensibles desde el punto de vista ecológico y cultural. El hecho de que esta renovada actividad se produzca en presencia de un puesto de mando permanente de la Guardia Nacional suscita serias preocupaciones sobre la eficacia de la aplicación de la ley y la capacidad real del Estado para prevenir las operaciones ilegales. También sugiere que no deben descartarse ni siquiera las incursiones mínimas, ya que pueden indicar el comienzo de un nuevo ciclo de degradación.
La distribución de combustible en la región está gestionada oficialmente por PDVSA (la empresa petrolera estatal) bajo estricta supervisión militar. Sin embargo, dada la condición de Amazonas como estado fronterizo con Colombia y Brasil, la gasolina también puede provenir de uno de ellos, muy probablemente de Colombia, debido a su proximidad. El transporte de combustible, ya sea venezolano o colombiano, requiere el uso de barcos o helicópteros, ambos muy visibles y sujetos a la vigilancia de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Este contexto sitúa a las Fuerzas Armadas en el centro de la dinámica logística que permite o impide la minería ilegal, ya que tanto el control aéreo como el suministro de combustible son esenciales para las operaciones mineras.
Estos hechos nos invitan a reflexionar críticamente sobre la desconexión entre los marcos legales y las realidades sobre el terreno. ¿Cómo es posible que la minería ilegal persista e incluso se expanda en zonas con una protección legal tan clara y una fuerte presencia de seguridad? ¿Cuáles son las implicaciones para la conservación, los derechos indígenas y el estado de derecho? Las respuestas a estas preguntas son cruciales para comprender los retos a los que se enfrentan las áreas protegidas en Venezuela y para diseñar estrategias más eficaces para abordarlos.
Toda esta situación pone de relieve la necesidad de establecer mecanismos para monitorear el tráfico ilegal de oro, tanto en sus puntos de salida fuera del país como en las rutas hacia los mercados donde se refina y se vende el oro.
Impactos sobre la biodiversidad
Foto del tepuy Yapacana. Crédito: SOSOrinoco
El tepuy Yapacana (Cerro Yapacana), una montaña de arenisca que se eleva a 1,345 metros sobre el nivel del mar en el cuadrante suroeste del Parque Nacional Yapacana (PNY), es una formación geomorfológica y ecológica única dentro de la Amazonía venezolana. El parque abarca un mosaico de paisajes, que incluye llanuras aluviales, penillanuras alteradas por la erosión y sabanas de arena blanca pobres en nutrientes, que albergan una vegetación altamente especializada con vínculos florísticos tanto con los paleotrópicos como con los neotrópicos. La montaña en sí misma alberga dos tipos distintos de bosques montanos —bosques submontanos siempreverdes en sus laderas y bosques nubosos en su cima— que albergan al menos ocho especies de plantas endémicas en peligro crítico de extinción. Estos ecosistemas forman parte del territorio ancestral de los pueblos arawako, huottüja (piaroa) y mako, que consideran el tepuy como un lugar sagrado (MARNR-ORSTOM 1988; Castillo y Salas 2007; SOSOrinoco 2019).
La minería aurífera ilegal se ha convertido en una grave amenaza para la integridad de estos ecosistemas, especialmente en la cima del cerro Yapacana, donde la deforestación provocada por los campamentos mineros y la maquinaria ha afectado directamente al frágil hábitat forestal. La destrucción de la vegetación de la cima no solo pone en peligro la flora endémica, sino que también altera los procesos ecológicos vitales para la supervivencia de especies como el pájaro hormiguero de Yapacana (Myrmeciza disjuncta) y la rana roja de Yapacana (Minyobates steyermarki), ambas exclusivas de este tepuy. La deforestación inducida por la minería en todo el parque ha alcanzado más de 2240 hectáreas, lo que amenaza la continuidad de la cubierta forestal, las sabanas y la conectividad ecológica esencial para la migración y la resiliencia de las especies (Huber 1995; Llamozas et al., 2003; Lentino, 2006; Señaris y Rivas, 2006).
La biodiversidad más amplia del Parque Nacional Yapacana también está en peligro, incluida su designación como Área Importante para las Aves (IBA) debido a la presencia de especies como Crax alector, Selenidera nattereri y aves migratorias como Dendroica striata. El parque alberga más de 260 especies de aves, junto con 51 reptiles y 29 anfibios (Lentino, 2006; Señaris y Rivas, 2006). La minería ilegal no solo degrada estos hábitats, sino que también introduce contaminantes y perturbaciones humanas, lo que socava los esfuerzos de conservación y amenaza la supervivencia de especies con áreas de distribución restringidas y requisitos ecológicos especializados. Se necesitan medidas urgentes y sostenidas para detener una mayor degradación y salvaguardar la excepcional biodiversidad del Cerro Yapacana y sus ecosistemas circundantes (SOSOrinoco, 2019).
Agradecimientos
Agradecemos a la organización SOSOrinoco por la importante información y los comentarios a este reporte.
Este reporte forma parte de una serie centrada en la minería aurífera en la Amazonía, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.
MAAP #233: Situación actual de Minería de Oro en la Amazonía Peruana
Mapa base. Zonas de actividad minería aurífera en la Amazonia peruana.
La minería de oro en la Amazonía peruana ha tenido un crecimiento importante en los últimos años; en especial posterior a eventos claves como el Operativo Mercurio, una intervención multisectorial contra la minería ilegal que fue realizada a inicios del año 2019 y tuvo su principal impacto en zonas críticas de minería ilegal en la región Madre de Dios como es el sector de La Pampa. Además, la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto considerable en la expansión de la minería ilegal en el Perú, donde el retiro de la vigilancia policial en zonas aledañas a La Pampa ha contribuido a la expansión de áreas mineras en este sector (Vadillo, 2022).
Este incremento, vinculado directamente a los precios internacionales del oro, ha generado el surgimiento de nuevos frentes de deforestación e invasión de cuerpos de agua para la ocurrencia de la actividad minera de oro. El presente reporte muestra las principales zonas de minería de oro tanto en ecosistemas terrestres como en cuerpos de agua en la Amazonía Peruana.
La actividad minera de oro en la Amazonía Peruana se ha extendido a nueve regiones del Perú: Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali. En el monitoreo de esta actividad minera, se ha incluido la identificación de zonas deforestadas por minería e infraestructuras mineras (ej: dragas, peque-dragas, chutes, entre otros) en ríos amazónicos.
Hasta mediados del año 2025, la deforestación por minería de oro ha alcanzado una extensión de 139,169 hectáreas en el Perú, donde la región Madre de Dios ha concentrado la mayor parte de esta deforestación (97.5% del total). Además, las regiones Huánuco y Puno han presentado valores considerables de deforestación por minería, donde se identificaron 1,262 y 1,014 hectáreas de deforestación, respectivamente.
Asimismo, el uso de diferentes infraestructuras mineras se ha extendido a los ríos de varias regiones, principalmente en el sector norte del Perú. Las regiones Loreto y Amazonas son las regiones que han presentado el mayor número de infraestructuras mineras en sus ríos amazónicos, donde se identificaron 989 y 174 dragas mineras para el periodo 2017 – 2025, respectivamente.
Por otro lado, la actividad minera de oro ha ocasionado una afectación de cuerpos de agua debido a la presencia de infraestructuras mineras y/o de deforestación por minería en zonas aledañas a estos cuerpos de agua. En total, se estima una afectación de 225 cuerpos de agua (ríos y quebradas) en la Amazonía Peruana por la actividad minera de oro.
A continuación, presentamos los resultados de este reporte en tres secciones, las cuales agrupan las regiones con presencia de minería de oro: Sector Norte (Amazonas, Cajamarca y Loreto), Sector Centro (Huánuco, Pasco y Ucayali), y Sector Sur (Cusco, Madre de Dios y Puno). En cada sección, se presentan las áreas deforestadas por minería de oro y ríos afectados por infraestructuras mineras.
Mapa base. Datos: ACA, ACCA, CINCIA, FEMA, SZF, IBC, SERNANP, Mapbiomas Perú
Sector Norte de la Amazonía Peruana
La minería de oro se ha extendido en las regiones Amazonas, Cajamarca y Loreto, donde se han registrado distintas zonas de actividad minera, así como la presencia de infraestructuras mineras, específicamente dragas mineras, en diferentes ríos de estas regiones (Figura 1).
En este sector, se ha registrado un área total de 491 hectáreas deforestadas por minería distribuido en las tres regiones mencionadas. Estas zonas mineras para la extracción de oro se ubican próximas a cuerpos de agua y, en algunos casos, están al interior de comunidades Indígenas en estas regiones.
Las áreas deforestadas por minería de oro se han localizado principalmente en zonas aledañas a ríos en este sector. En la región Cajamarca, la deforestación por minería se ha localizado a lo largo del río Chinchipe. Por otro lado, la deforestación por minería en las regiones Amazonas y Loreto se ha identificado en zonas aledañas al río Marañón.
Figura 1. Actividad minera aurífera en la Amazonía Peruana – Sector Norte. Datos: ACCA, FEMA, SZF, IBC, SERNANP
Figura 1a. Deforestación por minería de oro en la quebrada Sawintsa, región Amazonas. Datos: ACCA, Maxar
Además, se resalta la presencia de zonas deforestadas por minería cerca a la frontera con Ecuador para las regiones Amazonas y Cajamarca.
En septiembre de 2024, se identificaron nuevos registros de zonas deforestadas por minera en la quebrada Sawintsa de la región Amazonas (Figura 1a), la cual se ubica en la frontera con Ecuador y ha tenido un incremento de la actividad minera en los últimos meses.
Figura 1b. Dragas mineras identificadas en el río Nanay (Loreto). Datos: Planet, ACCA
La presencia de infraestructuras mineras para la extracción de oro se ha extendido a diferentes ríos amazónicos en el sector norte, donde se han identificado dragas mineras en 14 ríos diferentes. La región Loreto es la región más impactada por la actividad minera aurífera, donde se han identificado un total de 989 dragas mineras entre los años 2017 – 2025.
El río Nanay, ubicado en la región Loreto, y los ríos Cenepa y Santiago, ubicados en la región Amazonas, son los ríos amazónicos más impactados por la actividad minera de oro en el sector norte debido al alto número de dragas mineras identificadas en estos ríos. A lo largo del río Nanay, se han identificado 841 dragas mineras en el periodo 2017 – 2025, de las cuales 275 dragas mineras (32% del total) se han identificado en el año 2025. Además, la operación de las dragas mineras en el río Nanay se ha localizado en comunidades indígenas así como en el Área de Conservación Regional Alto Nanay – Pintuyacu – Chambira (Figura 1b).
Por otro lado, la presencia de dragas mineras en los ríos Cenepa y Santiago se ha ido incrementando en los últimos años, donde se han registrado 137 y 51 dragas mineras entre los años 2022 – 2025, respectivamente. Asimismo, la actividad minera de oro mediante el uso de dragas mineras se han localizado en zonas aledañas a comunidades indígenas en la región Amazonas.
Sector Centro de la Amazonía Peruana
La minería de oro en el sector centro se ha extendido en las regiones Huánuco, Pasco y Ucayali, en las cuales se han registrado deforestación por actividad minera e infraestructuras mineras en ríos de estas regiones (Figura 2).
En el sector centro, se ha registrado una área total de 1,320 ha de áreas deforestadas por minería en las tres regiones mencionadas. Estas áreas mineras se han identificado en zonas aledañas a ríos y quebradas en estas regiones. Además, la deforestación por minería de oro se ha localizado en comunidades Indígenas, en el Área de Conservación Regional Bosque Montano de Carpish, y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira.
Figura 2. Actividad minera aurífera en la Amazonía Peruana – Sector Centro. Datos: ACCA
Figura 2a. Deforestación por minería de oro en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco. Datos: Maxar, ACCA
La región Huánuco es la región más impactada por la deforestación por minería en este sector, la cual se ha expandido principalmente en áreas aledañas a los ríos Pachitea, Yuyapichis, Negro, y a la quebrada Pintuyacu.
La mayor parte de la deforestación por minería se ha localizado en la provincia de Puerto Inca (Figura 2a), la cual concentra el 97% del total de áreas deforestadas por minería en la región Huánuco.
Figura 2b. Deforestación por minería de oro aledaño al río Chinchihuani, región Pasco. Datos: Maxar, ACCA
En la región Pasco, la deforestación por minería de oro se ha registrado a lo largo del río Chinchihuani desde agosto de 2024 (Figura 2b).
Estas áreas deforestadas representan los primeros registros de minería de oro en esta región, y han sido identificadas en concesiones mineras en trámite.
Por otro lado, la minería de oro en la región Ucayali se ha localizado en quebradas aledañas al río Abujao, donde se registran zonas deforestadas por la actividad minera.
Figura 2c. Dragas mineras ubicadas en el río Aguaytía, región Ucayali. Datos: Maxar, ACCA
Con respecto a la infraestructura minera en el sector centro, se han tenido registros de dragas mineras en el río Aguaytía, en la región Ucayali.
Estos registros de dragas mineras se han identificado desde mediados de 2024 (Figura 2c), los cuales se han localizado principalmente en sectores aledaños a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul.
En total, se han identificado 26 dragas mineras en este río durante los años 2024 – 2025.
Sector Sur de la Amazonía Peruana
La minería de oro se ha extendido en las regiones Cusco, Madre de Dios y Puno, donde se ha registrado principalmente deforestación por minería de oro en diferentes sectores de estas regiones (Figura 3).
Este sector ha presentado un área total de 137,558 ha deforestadas por minería ubicadas en las regiones mencionadas. A comparación con los otros dos sectores, el sector sur es el sector más impactado por la actividad minera de oro, la cual representa el 98.7% del total de deforestación por minería en el Perú. Además, la actividad minera en este sector habría iniciado en la región Madre de Dios, donde se registraron indicios de actividad minera a partir del año 1984. Esta situación representa una pérdida importante de bosques amazónicos en las regiones de este sector, así como el impacto en los ecosistemas terrestres y cuerpos de agua aledaños a la actividad minera.
Figura 3. Actividad minera aurífera en la Amazonía Peruana – Sector Sur. Datos: ACA, ACCA, CINCIA, Mapbiomas Perú, AMW
Figura 3a. Deforestación minera en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Datos: Planet
La región Madre de Dios es la región con la mayor extensión de deforestación por minería de oro en el país, la cual concentra el 97.5% del total de deforestación por minería.
Hasta el año 2025, se ha registrado un área total de 135,939 ha de deforestación por minería en esta región.
Además, la deforestación por minería en Madre de Dios se ha extendido al interior de comunidades Indígenas y de las zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (Figura 3a) y la Reserva Comunal Amarakaeri.
Figura 3b. Deforestación por minería oro en la Concesión para Conservación Camanti Sostenible. Datos: Maxar
Para la región Cusco, la deforestación por minería de oro se ha extendido a diferentes sectores cercanos a los ríos Araza y Nusiniscato, así como a quebradas aledañas a estos ríos.
Además, parte de la deforestación por minería se ha extendido al interior de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri y en la Concesión para Conservación Camanti Sostenible (Figura 3b).
Figura 3c. Deforestación por minería de oro aledaño al río Huari Huari. Fuente: ACCA, Maxar
Por otro lado, la región Puno ha presentado deforestación por minería en zonas cercanas a los ríos Inambari y Huari Huari, así como en quebradas aledañas a estos ríos (Figura 3c).
Asimismo, parte de la deforestación por minería de oro se encuentra ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene.
Figura 3d. Tracas en pozas mineras en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Fuente: Planet
Respecto a las infraestructuras mineras en este sector, el uso de infraestructuras se ha extendido principalmente en las zonas mineras de la región Madre de Dios.
En esta región, se utilizan diferentes tipos de infraestructuras mineras para la extracción de oro, donde se incluyen el uso de tracas, chutes, minidragas y balsas mineras (ACCA, 2022).
Para el año 2025, se han identificado 2,052 infraestructuras mineras en zonas mineras en la región Madre de Dios, donde se incluyen tracas, dragas, entre otros (Figura 3d).
Recomendaciones para la minería aurífera actual en el Perú
La minería aurífera en el Perú representa uno de los mayores desafíos socioambientales del país. La expansión de la minería ilegal e informal ha generado impactos graves en los bosques amazónicos, los ríos y las comunidades locales (Arana Cardó, M, 2024) . Frente a ello, se presentan cinco propuestas orientadas a fortalecer la formalización de la MAPE (Pequeña Minería y la Minería Artesanal), mejorar la trazabilidad del oro y reforzar la fiscalización estatal tanto en la nueva Ley de Formalización y Promoción de la MAPE como en la normativa actual sobre el tema.
1. Implementar un sistema efectivo de trazabilidad del oro que vincule producción, comercialización y exportación
Foto: ACCA
Actualmente, el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro, creado a partir de la Resolución Ministerial Nº 249-2012-MEM-DM, carece de mecanismos efectivos de cruce de información.
Por lo tanto, se recomienda consolidar un sistema integral de trazabilidad que abarque no solo a productores, comercializadores, procesadores y exportadores, incluyendo la industria de joyería, sino también el control de insumos críticos como el mercurio y combustibles, a fin de garantizar cadenas de suministro libres de contaminación y actividades ilegales.
Este sistema debe integrar controles digitales en tiempo real, cruzar información entre lo declarado como producción y lo efectivamente comercializado, impedir la salida de oro ilegal bajo la forma de joyería y alinearse con las exigencias internacionales de debida diligencia.
2. Fortalecimiento de la Ley MAPE y depuración rigurosa del REINFO
Foto: ACCA
La normativa sobre pequeña minería y minería artesanal debe establecer categorías claras basadas en producción y tecnología, diferenciando el proceso de formalización (dirigido a mineros preexistentes en situación informal y que contempla medidas escalonadas y apoyo técnico) del proceso ordinario de otorgamiento de permisos, que exige el cumplimiento pleno de requisitos ambientales y técnicos para nuevos proyectos.
La nueva Ley MAPE (Pequeña Minería y la Minería Artesanal) debe incorporar incentivos reales para la formalización y para la adopción de prácticas sostenibles, mecanismos eficaces de fiscalización y la delimitación de zonas exclusivas para la actividad formalizada, excluyendo Áreas Naturales Protegidas, reservas indígenas, cuerpos de agua y patrimonio cultural.
Adicionalmente, esta nueva normativa debe establecer la obligatoriedad de la debida diligencia en la cadena de valor del oro, vinculando el proceso de formalización con la implementación de un sistema de trazabilidad. De este modo, los mineros formalizados no solo deberán cumplir con los requisitos legales básicos, sino también garantizar que su producción esté libre de insumos ilegales como el mercurio, respondiendo a estándares internacionales de transparencia y sostenibilidad.
Asimismo, frente a la prórroga otorgada hasta el 31 de diciembre de 2025, en el Decreto Supremo Nº 012-2025-EM, resulta indispensable que el Estado ejecute de manera estricta la depuración del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), retirando definitivamente a quienes no cumplan con los requisitos mínimos establecidas en la Ley N° 32213 y su reglamento, conforme indica su actualización a través del Decreto Supremo N.° 009-2025-EM. Además, se debe evaluar mecanismos sancionadores proporcionales que desincentiven el uso indebido del REINFO. Solo así se evitará que este registro continúe siendo utilizado como un escudo de impunidad frente a la acción del Ministerio Público y la Policía Nacional, y se garantizará que la formalización se traduzca en un cambio efectivo de prácticas mineras.
3. Establecer obligaciones ambientales desde el inicio de la formalización minera y asegurar su fiscalización
Foto: ACCA
La normativa debe establecer que toda actividad de pequeña minería y minería artesanal debe estar sujeta a obligaciones ambientales respectivas, desde el primer acto de formalización, a fin de asegurar una fiscalización temprana y efectiva. Durante dicho proceso, las operaciones deben ser fiscalizadas de manera general y aleatoria por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Asimismo, se deben aplicar sanciones administrativas y penales a las autoridades responsables que incumplan con su deber de fiscalización.
De manera complementaria, se debe promover y avanzar con la zonificación forestal, conforme a lo establecido en la Ley Forestal (Ley N° 29763), con énfasis en las regiones amazónicas del Perú. Esta debe integrarse en el proceso de formalización minera y convertirse en un requisito formal para otorgar permisos. La integración de la zonificación permitirá prevenir que nuevos títulos habilitantes se otorguen en bosques prioritarios para conservación, reduciendo la deforestación y el uso inadecuado de los bosques al orientar la minería hacia zonas de menor impacto y prohibirla en áreas críticas. Ello implicaría que las autoridades de formalización minera consulten los mapas de zonificación desde el inicio. Es decir, el solicitante deberá incluir la categoría de zonificación forestal de su parcela y demostrar su compatibilidad antes de la emisión de un título habilitante.
4. Fortalecer la supervisión de la MAPE a nivel regional mediante convenios interinstitucionales
Foto: ACCA
Se propone la suscripción de convenios entre el OEFA y los gobiernos regionales amazónicos, acompañados de apoyo técnico y equipos tecnológicos para fiscalizar en tiempo real las operaciones en zonas remotas.
Además, siguiendo lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se recomienda la conformación de equipos multidisciplinarios especializados que acompañen supervisiones en campo, contribuyendo a cerrar brechas de capacidad y asegurar la eficacia del control ambiental en territorios críticos.
5. Promover tecnologías limpias y prohibir progresivamente el uso de mercurio al 2030.
Foto: ACCA
En cumplimiento del Convenio de Minamata, el Perú debe adoptar una política de eliminación progresiva del mercurio en la minería aurífera.
Para ello, se recomienda facilitar el acceso de los mineros a tecnologías limpias mediante créditos blandos, subsidios o beneficios tributarios, garantizando procesos más seguros para el ambiente y la salud pública, de modo que la transición tecnológica incremente la recuperación de oro y reduzca los impactos sobre ríos y comunidades locales.
No obstante, esta política debe ir acompañada de metas específicas para la protección de los recursos forestales, así como de sanciones más estrictas frente a quienes continúen utilizando mercurio y generando deforestación, de manera que se garantice una verdadera protección ambiental y de la salud pública.
Además, dichas metas deben incorporarse expresamente en el Plan de Acción Nacional del Convenio de Minamata, asegurando su implementación efectiva y articulada en el territorio.
Metodología
La identificación de deforestación por minería de oro se basó en la interpretación visual de imágenes satelitales de alta y muy alta resolución disponibles en las plataformas Planet, Maxar y Google Earth Pro para las regiones Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Pasco, Puno y Ucayali. Para lo cual, se realizó una revisión preliminar de mapas y plataformas relacionadas a la detección de minería en el Perú (Sistema de Detección Temprana y Vigilancia Ambiental del Ministerio del Ambiente del Perú, Amazon Mining Watch y Mapbiomas Perú) con la finalidad de ubicar potenciales zonas mineras. Además, se recopilaron reportes y artículos periodísticos relacionados a la minería de oro en diferentes regiones del país para la ubicación de áreas mineras, así como comunicaciones directas de representantes de diferentes instituciones sobre indicios de actividad minera a nivel local. A partir de estos procesos preliminares, se realizó la identificación de deforestación por minería de oro mediante el uso de imágenes satelitales. Asimismo, se realizó el monitoreo de la deforestación por minería identificada utilizando los mosaicos mensuales de Planet NICFI (resolución espacial de 4.7 m) para un seguimiento de la expansión de la deforestación por minería y la identificación de nuevas áreas mineras aledañas.
La identificación de deforestación por minería de oro en la región de Madre de Dios utilizó la información de deforestación histórica por minería generada por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) para los años 1984 – 2019, por Mapbiomas Perú para el año 2020, y por Amazon Conservation (ACA) para el periodo Enero 2021 – Marzo 2024. Luego, se utilizó el algoritmo LandTrendR para la identificación de pérdida de bosque en mosaicos mensuales de Planet NICFI para el periodo Abril 2024 – Julio 2025. Posteriormente, se realizó una revisión manual para la identificación de la pérdida de bosque por minería de oro y otras causas.
La identificación de infraestructuras mineras se basó en la interpretación visual de imágenes satelitales de muy alta resolución disponibles en las plataformas Planet , Maxar y Google Earth Pro para diferentes ríos amazónicos y áreas mineras en el Perú. Además, se incluyeron reportes confidenciales y comunicaciones directas de diferentes instituciones sobre la presencia de infraestructuras mineras en ríos amazónicos.
Anexo
Anexo 1. Cuadro resumen – Actividad de minería de oro en la Amazonía peruana
*La afectación de ríos y quebradas considera la presencia de infraestructuras mineras dentro de estos cuerpos de agua y/o la presencia de zonas mineras de oro aledañas a estos cuerpos de agua.
Referencias
Arana Cardó, M. (2024). Minería ilegal en la Amazonía peruana: Informe sobre las actividades mineras en las regiones amazónicas de Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y Huánuco. Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible Perú (FCDS). https://fcds.org.pe/wpcontent/uploads/2024/07/Resumen_Ejecutivo_informe_mineria_compressed-1.pdf
Conservación Amazónica (ACCA), Proyecto Prevenir – USAID. (2022). Estimación de la población minera informal e ilegal en el departamento de Madre de Dios, a partir del uso de imágenes satelitales sub métricas. https://repositorio.profonanpe.org.pe/handle/20.500.14150/2744
Delfino, E. (20 de julio de 2025). Minería ilegal en Perú: “Hay una presión internacional por el oro y los principales países consumidores no realizan una debida diligencia respecto al origen” | ENTREVISTA. Mongabay. https://es.mongabay.com/2025/07/mineria-ilegal-peru-oro-amazonia-contaminacion/
OCDE (2016). OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.
Vadillo Vila, J. (2022). La minería ilegal y su impacto en tiempos de pandemia. Diario El Peruano. https://elperuano.pe/noticia/170967-la-mineria-ilegal-hoy
Zapata Perez, M., Arana Cardo, M., Ramires Valle, D., Castro Sánchez-Moreno, M., Garay Tapia, K., Rivadeneyra Tello, G., Vega Ruiz, C. y Cabanillas Vasquez, F. (2025). 10 propuestas para la formalización efectiva de la pequeña minería y minería artesanal. Observatorio de Minería Ilegal. https://www.observatoriomineriailegal.org.pe/wp-content/uploads/2025/05/10_propuestas_ley_MAPE_020525.pdf
Agradecimientos
Este informe es parte de una serie enfocada en la minería de oro en la Amazonía peruana, a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Amazon Conservation y Conservación Amazónica – ACCA, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.
Cita
Pacsi R, Novoa S, Yupanqui O, Quispe M, La Torre S, Balbuena H, Huamán B, Valdivia G, Castañeda C, Soria M, Finer M, Santana A (2025) Situación actual de Minería de Oro en la Amazonía Peruana. MAAP: 233.
MAAP #228: La Minería Ilegal en los Ríos Puré y Cotuhé en la Amazonía Colombiana
Mapa Base. Zonas de minería ilegal en la Amazonía colombiana, los ríos Puré y Cotuhé.
La minería ilegal representa un desafío de sostenibilidad ambiental, gobernabilidad, y seguridad para los países de la región Amazónica. El alto precio del oro en el mercado internacional ha impulsado el crecimiento de esta actividad, en combinación con otros factores como la falta de alternativas económicas, la presencia de grupos al margen de la ley, la corrupción, y la falta de acción gubernamental eficaz.
En la Amazonía, la minería ilegal ha generado deforestación masiva (MAAP #226), contaminación de fuentes hídricas por el uso de mercurio, y expansión de economías ilícitas, con el oro convirtiéndose en una fuente clave de financiamiento para grupos armados organizados (Nota 1).
En una serie de reportes, MAAP ha detallado e ilustrado casos de minería ilegal en muchas partes de la Amazonía, incluidos Perú, Ecuador, Brasil, y Venezuela. Estos informes incluyen casos que han provocado deforestación en la tierra o contaminación en los ríos.
En el presente reporte, nos enfocamos en el noroeste de la Amazonía, específicamente en la región de la triple frontera entre Colombia, Brasil, y Perú (ver Mapa Base).
En dicha zona, las actividades de minería ilegal impactan varios ríos que conectan estos países: los ríos Puré, Cotuhé, Caquetá, Amazonas, Apaporis, Putumayo en territorio colombiano, así como los ríos Napo, Curaray, Putumayo, Yaguas, Nanay, y Mazán del lado peruano, y Puruí y Japurá en territorio brasileño.
Aunque no causa deforestación, esta actividad minera impacta directamente los ríos y la biodiversidad con la utilización de dragas y mercurio. Esta contaminación por mercurio se propaga por la cadena alimentar, acumulando en especies consumidas por la población local, perjudicando a su salud. Este tipo de minería es capaz de extraer hasta tres kilogramos de oro al mes (Nota 2), esto equivale a unos 275.000 USD mensuales que representan más de 1.100 millones de pesos colombianos (Nota 3).
Específicamente, este reporte examina la situación actual en los ríos Puré y Cotuhé, en sus tramos en el sureste de la Amazonía colombiana (ver Mapa Base). Estos ríos se encuentran en el departamento de Amazonas, a lo largo de las fronteras de Brasil y Perú.
En ambos casos, analizamos dichos tramos con una combinación de imágenes satelitales de muy alta resolución (0.5 metros, Planet/Skysat) y fotografías de sobrevuelo (Fuente: Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (AARIMO), en el marco del proyecto de colaboración entre las organizaciones Amazon Conservation y FCDS (Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible).
Este reporte se realizó en colaboración con nuestro socio colombiano, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y con el apoyo financiero de la Fundación Overbrook y la Fundación Gordon y Betty Moore.
Detección de actividad minera en el Río Puré
El Río Puré atraviesa el núcleo del Parque Nacional Natural Río Puré en el sureste de la Amazonía colombiana (ver Mapa Base).
Esta área protegida, en adición de su extraordinaria biodiversidad y altos niveles de carbono, también tiene un rol como fuente de alimento para las comunidades indígenas y es reconocido como hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos los Yurí–Passé, cuya alta vulnerabilidad ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional.
Esta área protegida presenta presiones y amenazas asociadas principalmente a las actividades mineras por aluvión, la cual se está realizando con mayor frecuencia en el cauce del río Puré desde la zona fronteriza con Brasil. Los impactos que deja esta actividad son la contaminación por mercurio en agua y peces, destrucción de hábitats y ecosistemas acuáticos, cacería, tala y afectación de la seguridad alimentaria y del medio en donde habitan las comunidades en condición de aislamiento voluntario.
A pesar de las intervenciones por parte del Estado Colombiano y del constante monitoreo con organizaciones, las actividades mineras continúan, con mayor intensidad en la época donde el caudal del río es más bajo. Analizando una imagen Skysat de noviembre del 2024, encontramos 29 dragas a lo largo del curso del río Puré (ver puntos rojos en la Figura 1). Las Figuras 1J-L muestran ejemplos de estos hallazgos. En otras imagenes Skysat de marzo y abril del 2025, identificamos 27 dragas (ver puntos amarillos en la Figura 1).
Figura 1. Hallazgos de actividad minera en el Río Puré. Datos: Amazon Conservation/MAAP, FCDS.
Fotos de sobrevuelo – Río Puré
Las siguientes fotos (que corresponden a los puntos 1-3 en la Figura 1) fueron tomadas de un sobrevuelo de baja altitud realizado por FCDS en septiembre del 2024. Esta resolución adicional proporciona información adicional sobre los métodos de minería y sus impactos. (Fuente: AARIMO 2024)
Punto 1
Foto de sobrevuelo. Punto 1. Draga de techo verde, con Starlink. Datos: FCDS.
Foto de sobrevuelo. Punto 1. Draga de techo verde, con Starlink. Datos: FCDS.
Punto 2
Foto de sobrevuelo. Punto 2. Tres dragas con planchones y deslizadores. Datos: FCDS.
Foto de sobrevuelo. Punto 2. Tres dragas con planchones y deslizadores. Datos: FCDS.
Punto 3
Foto de sobrevuelo. Punto 3. Dragas y deslizadores. Datos: FCDS.
Detección de actividad minera en el Río Cotuhé
El río Cotuhé delimita el norte del Parque Nacional Natural Amacayacu (ver Mapa Base) y pasa por el Resguardo Indígena Cotuhé Putumayo (ver Figura 2), en el Trapecio Amazónico Colombiano, en las fronteras con Perú y Brasil. Analizando una imagen Skysat del 30 de noviembre de 2024, encontramos 5 dragas (Figura 2). Las Figuras 2A-D muestran ejemplos de estos hallazgos.
Figura 2. Hallazgos de actividad minera en el Río Cotuhé. Datos: Amazon Conservation/MAAP, FCDS.
Fotos de sobrevuelo – Río Cotuhé
Las siguientes fotos (que corresponden a los puntos 4-5 en la Figura 2) fueron tomadas de un sobrevuelo de baja altitud realizado por la AARIMO en septiembre del 2024. (Fuente: AARIMO 2024)
Punto 4
Foto de sobrevuelo. Punto 4. Draga en funcionamiento con antena de Starlink. Datos: FCDS
Foto de sobrevuelo. Punto 5. Draga. Datos: FCDS
Implicaciones políticas
Los eventos de minería ilegal aquí analizados se están presentando al interior de dos áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el PNN Río Puré y el PNN Amacayacu, en donde el uso no debería estar destinado a las operaciones mineras de ningún tipo ya que se allí habitan especies de alta importancia en biodiversidad, comunidades Indígenas en condición de aislamiento voluntario y comunidades Indígenas locales que dependen de los recursos naturales para su supervivencia, poniendo en riesgosu seguridad alimentaria.
Un factor importante que ha intensificado la actividad minera en la zona ha sido la importante tendencia al alza del precio del oro. En enero de 2008, la onza de oro se cotizaba alrededor de USD 812. Para julio de 2024, este valor alcanzó los USD 2.514, lo que representa un incremento de más del 200% en ese período. Además, las políticas arancelarias recientes han impulsado aún más la demanda de oro (GoldMarket, 2024). Por ejemplo, en febrero de 2025, el oro alcanzó nuevos máximos, acercándose a los USD 3.000 por onza, sustancialmente impulsado por las compras de bancos centrales (El País, 2025a).
Si bien con la Ley 1658 del 2013, se inició la prohibición del uso del mercurio en Colombia, solo hasta el 2023 fue posible su prohibición total. Esta prohibición incluye los procesos de importación y exportación de mercurio desde y hacia el territorio nacional. Sin embargo, a pesar de la prohibición en territorio colombiano, este elemento es utilizado en cantidades considerables para la extracción ilegal de oro en las zonas de fronteras, como las observadas en el presente informe. Así, Colombia, Brasil y Perú tienen un reto muy grande frente al cumplimiento de la Ley, ya que los controles de la comercialización y uso de este elemento en zonas de frontera son muy complejos por tratarse de áreas de difícil acceso.
De manera general, se ha observado una correlación entre el otorgamiento de concesiones mineras en áreas transfronterizas con el aumento de la minería informal en la subregión amazónica. Por ejemplo, en el caso del PNN Río Puré, se ha incrementado la presencia de balsas mineras al interior de áreas protegidas, las cuales ingresan por el río Puré desde el lado brasilero, en donde se evidencia gran cantidad de concesiones mineras formales.
El reto del país consiste, entonces, en fortalecer las capacidades operativas y articular acciones entre los tres países en frontera (Colombia, Perú y Brasil) para combatir los delitos ambientales asociados a la minería ilegal. Estas operaciones deben ser efectivas y no generar acción con daño a las comunidades locales y pueblos indígenas en aislamiento voluntario que allí habitan, ya que esto agrava el conflicto interno en el que se encuentra Colombia.
Notas
1 Ministerio de Minas y Energía, 2023
2 Ebus & Pedroso, 2023
3 Bullion Vault, 2025
Agradecimientos
Este reporte se realizó en colaboración con nuestro socio colombiano, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y con el apoyo financiero de la Fundación Overbrook y la Fundación Gordon y Betty Moore.
MAAP #227: Minería en la Amazonía Ecuatoriana – Sector Norte
Mapa Base. Deforestación por minería de oro en la Amazonía ecuatoriana. Datos: AMW, RAISG
En un reporte reciente (MAAP #226), presentamos los datos de Amazon Mining Watch (AMW), una colaboración entre Amazon Conservation, Earth Genome y el Pulitzer Center. Este recurso público utiliza la IA (inteligencia artificial) para detectar la deforestación por minería aurífera en toda la Amazonía, a partir del año 2018.
El Mapa Base ilustra los datos actuales, destacando la deforestación por minería más reciente (2019-2024) en rojo. Nótese la concentración de nueva actividad minera en la parte occidental de la Amazonía ecuatoriana, a lo largo de la transición con la Cordillera de los Andes.
Este es el primero de una serie de informes que detallarán la minería aurífera en estas zonas. En el presente reporte, enfocamos la deforestación por minería en el sector norte, alrededor de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo.
La Reserva Ecológica Cofán Bermejo fue una de las áreas protegidas mejor conservada en la provincia de Sucumbios hasta aproximadamente el año 2020. A partir de esta fecha, se empezó a registrar una rápida expansión de la minería de oro en la zona de amortiguamiento en el margen suroriental de la reserva.
La gran mayoría de esta actividad se identifica como minería ilegal, por realizarse fuera de áreas designadas para la actividad minera, o por el desarrollo de actividades en áreas concesionadas sin contar con las autorizaciones correspondientes. La expansión de minería ilegal de oro en este sector es promovida por grupos criminales ubicados en la frontera con Colombia (Nota 1).
Minería en la Amazonía Ecuatoriana – Sector Norte
Mapa 1. Minería al margen de la Reserva Ecológica Cofán – Bermejo. Datos: AMW, ACA/MAAP; MAATE; NCI, Planet.
En el reporte MAAP #186 se realizó un análisis de actividad minera al margen de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, localizada al norte de la Amazonía Ecuatoriana, en la provincia de Sucumbíos. En esta actualización, además de identificar nuevas áreas afectadas por minería en los alrededores de la reserva, ampliamos el análisis hacia el suroriente de dicha zona.
Esta ampliación incorpora nuevas áreas clave para la conservación, como lo son: el Bosque Protector El Bermejo y el Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Cascales (ver Mapa 1); además, de territorios Indígenas de las etnias Shuar y Kichwa (Mapa 2).
Debido al desarrollo de esta actividad en diferentes espacios geográficos, cabe enfatizar que hay dos supuestos concretos para establecer la legalidad o ilegalidad de la minería en Ecuador:
1) Prohibición expresa prevista por la Constitución o la ley; como en el caso de la realización de actividades de minería metálica en áreas protegidas (art. 407 Constitución) o de la prohibición de uso de mercurio en operaciones mineras (art. 86.1 Ley de Minería).
2) Falta de autorización; como en la realización de actividades de exploración y explotación sin contar con los permisos correspondientes.
En términos de impacto social, Mongabay Latam (2023) menciona sobre esta zona en específico que (Referencias 1-2): “Las comunidades indígenas y las organizaciones sociales y ambientales que trabajan en el territorio no pueden denunciar abiertamente lo que ocurre en esta zona fronteriza con Colombia, debido a la presencia de grupos armados y a los fuertes problemas de seguridad que se viven allí.”
Considerando que la mayor superficie de deforestación por actividades mineras se encuentra en el Área de Conservación y Uso Sostenible Cascales (Mapa 1), es importante detallar que las Áreas de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) son zonas creadas por gobiernos autónomos descentralizados, comunidades o propietarios privados para conservar la biodiversidad y desarrollar actividades sostenibles que mantengan los servicios ecosistémicos beneficiosos para la vida humana. En estas áreas protegidas, se pueden realizar actividades como conservación, protección, investigación, recuperación, restauración, educación, cultura, recreación y turismo controlado, así como actividades productivas sostenibles y de subsistencia. La declaración de estas áreas protegidas no modificará las concesiones otorgadas por la Autoridad Ambiental Nacional que se mantengan vigentes y se podrá renovar, de ser el caso, siempre y cuando sea compatible con el uso sustentable coherente, constante en el estudio de alternativas de manejo, Plan de Manejo o Plan de Vida.
Por otro lado, los bosques y vegetación protectores, como es el caso del Bosque Protector el Bermejo, son formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que pueden ser arbóreas, arbustivas o herbáceas, y se encuentran en áreas de topografía accidentada, cabeceras de cuencas hidrográficas o zonas no aptas para agricultura o ganadería. Su función principal es conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre. Las actividades permitidas en estos bosques, con autorización de la Autoridad Ambiental Nacional, incluyen la apertura de franjas cortafuegos, control fitosanitario, fomento de la flora y fauna silvestres, ejecución de obras públicas prioritarias, manejo forestal sustentable, y actividades científicas, turísticas y recreacionales.
Territorios Indígenas
Mapa 2. Superposición de actividades mineras con territorios Indígenas (Shuar y Kichwa). Datos: ACA/MAAP; EcoCiencia; Planet
Adicional al territorio Indígena Cofán Bermejo, que comparte límites con la Reserva Ecológica del mismo nombre, la deforestación por minería amenaza a seis territorios Indígenas de las etnias Shuar y Kichwa en sus alrededores (Mapa 2).
En total, se identificó que el 68% de la deforestación por minería en el área de estudio está dentro de estos territorios Indígenas.
Aumento de la deforestación minera 2020 – 2024
Utilizando imágenes satelitales del sensor PlanetScope, se estimó el crecimiento anual de la actividad minera entre 2020 y 2024. El total de superficie de bosque afectada por minería para finales del 2024 es de aproximadamente 754 hectáreas, lo que equivale a 1.056 canchas de fútbol profesional.
El análisis muestra que el mayor incremento se produjo en 2024, con una expansión de 189,62 hectáreas. Además, se observa una tendencia de crecimiento contínuo de la actividad minera durante el periodo analizado (Gráfico 1).
Gráfico 1. Dinámica de la actividad minera en el periodo 2017-2024 al margen de la Reserva Ecológica Cofanes – Bermejo. Datos: ACA/MAAP; EcoCiencia.
Concesiones Mineras
Mapa 3. Superposición de actividades mineras con catastro minero. Datos: ACA/ MAAP; EcoCiencia; ARCOM; Planet
Al superponer el catastro minero en el área de estudio, se determinó que el 59% (444 hectáreas) de las áreas afectadas por minería, se encuentran fuera de zonas destinadas a la actividad minera (Mapa 3).
El Estado ecuatoriano a través del ministerio sectorial (Ministerio de Energía y Minas) otorga derechos mineros para la explotación de recursos minerales en cada una de sus fases (la actividad minera se dividirán en una fase de exploración y una fase de explotación.
A su vez, en la fase de exploración se distinguirán el período de exploración inicial, el período de exploración avanzada y el período de evaluación económica del yacimiento.
El realizar una actividad de explotación previa al otorgamiento del derecho puede incurrir en sanciones administrativas o penales.
Casos de Estudio
Se han seleccionado tres casos de estudio, dentro del área de monitoreo, para ejemplificar la velocidad con la que la actividad minera se extendió en el último periodo de análisis (ver Cuadros A-C en Mapa 3). Los paneles comparativos permiten evidenciar la ampliación de la actividad minera entre mayo 2024 panel izquierdo) y diciembre 2024 (panel derecho), respectivamente en cada caso.
Zoom A.
En el panel A, se observa que la actividad minera se desarrolla fuera de zonas destinadas a la actividad minera. Adicionalmente, esta actividad se desarrolla al interior del Territorio Taruka, territorio indígena Shuar.
Panel Zoom A. Datos: ARCOM (2025); Planet
Zoom B.
En el panel B, se identificaron 61,36 hectáreas con actividad minera dentro de la concesión minera El Tuerto, lo que representa el 3,16% del total de la concesión. Actualmente se encuentra en fase de exploración inicial, lo que significa que aún no cuenta con autorización para la explotación.
Panel Zoom B. Datos: ARCOM (2025); Planet
Zoom C.
En el panel C, se registraron 19,65 hectáreas de actividad minera dentro de la concesión El Porvenir, representando el 6,87% del área total de la concesión. Actualmente se encuentra en fase de exploración, sin autorización para la explotación. Además, dicha actividad se desarrolla dentro del territorio ancestral de la Comuna Puma Kucha, perteneciente al pueblo Indígena Kichwa.
Panel Zoom C. Datos: ARCOM (2025); Planet
Implicaciones Políticas
La reciente deforestación por actividades mineras descrita anteriormente destaca necesidades políticas clave:
- Regular la inversión pública para garantizar que las diferentes figuras de conservación reconocidas por el gobierno nacional cuenten con recursos necesarios para el control dentro de sus competencias.
- Fortalecer los procesos de investigación y control en las instituciones responsables de garantizar una actividad minera ambientalmente responsable.
Metodología
Utilizamos LandTrendR, un algoritmo de segmentación temporal que identifica los cambios en los valores de los píxeles a través del tiempo, para detectar la pérdida de bosque al margen de la Reserva Ecológica Cofán-Bermejo entre agosto 2017 y diciembre de 2024 a través del uso de la plataforma Google Earth Engine. Es importante destacar que este método fue diseñado originalmente para imágenes Landsat de resolución moderada (30 metros) (Ref. 3), pero fue adaptado para mosaicos mensuales de NICFI-Planet de mayor resolución espacial (4.7 metros) (Ref. 4).
Referencias
- Antonio José Paz Cardona. (2023, 7 junio). Ecuador: minería ilegal sigue avanzando hacia el interior de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo. Noticias Ambientales. https://es.mongabay.com/2023/06/mineria-ilegal-reserva-ecologica-cofan-bermejo-ecuador/
- Según el informe ‘Oro, bandas y gobernanza: La crisis que enfrentan las comunidades indígenas amazónicas de Ecuador’ generado por Amazon Watch.
- Kennedy, R.E., Yang, Z., Gorelick, N., Braaten, J., Cavalcante, L., Cohen, W.B., Healey, S. (2018). Implementation of the LandTrendr Algorithm on Google Earth Engine. Remote Sensing. 10, 691.
- Erik Lindquist, FAO, 2021
Agradecimientos
Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.
MAAP #225: Carbono en la Amazonía (parte 4): Áreas protegidas y territorios Indígenas
Figura 1. Cambio total de carbono amazónico sobre el suelo, áreas protegidas y territorios Indígenas 2013-2022. Datos: Planet, ACA/MAAP.
Continuamos nuestra serie sobre el carbono en la Amazonía.
En la parte 1 (MAAP #215) introducimos los nuevos datos (Planet’s Forest Carbon Diligence) con estimaciones de la densidad de carbono por encima del suelo con una resolución sin precedentes de 30 metros, entre el 2013 y 2022. En la parte 2 (MAAP #217) destacamos qué partes de la Amazonía albergan actualmente los mayores niveles (picos) de carbono. En la parte 3 (MAAP #220) mostramos casos clave de pérdida (deforestación) y ganancia de carbono en la Amazonía.
Uno de los principales hallazgos de esta serie es que la Amazonía se tambalea entre ser la fuente y el sumidero de carbono. Es decir, históricamente la Amazonía ha funcionado como un sumidero crítico, ya que sus bosques acumulan carbono si no se alteran. Sin embargo, en relación con la línea de base del 2013, la Amazonía pasó a ser una fuente de carbono durante las temporadas de alta deforestación, sequía e incendios del 2015-2017. Luego, se recuperó como sumidero de carbono en el 2022.
Aquí, en la parte 4, nos centramos en la importancia del carbono sobre el suelo en las áreas protegidas y los territorios Indígenas, que en conjunto cubren el 49.5% (414.9 millones de hectáreas) del bioma amazónico (ver la Figura 1).
Encontramos que, a partir del 2022, las áreas protegidas y los territorios indígenas amazónicos contenían 34.100 millones de toneladas métricas de carbono sobre el suelo (el 60% del total de la Amazonía). Y lo que es más importante, en los diez años transcurridos entre 2013 y 2022, funcionaron como un sumidero de carbono significativo, ganando 257 millones de toneladas métricas.
Con estos datos, también podemos analizar el carbono sobre el suelo para cada área protegida y territorio Indígena, individualmente. Por ejemplo, la Figura 1 ilustra la pérdida frente a la ganancia de carbono de cada área protegida y territorio indígena durante el periodo de 10 años entre 2013 y 2022 (ver los detalles a continuación).
A continuación, explicamos e ilustramos las principales conclusiones.
Resultados a escala amazónica y nacional
Las áreas protegidas amazónicas y los territorios Indígenas cubren actualmente casi la mitad (49.5%) del bioma amazónico, pero contienen el 60% del carbono sobre el suelo. En conjunto, contenían 34.100 millones de toneladas métricas de carbono sobre el suelo en el 2022, y aumentaron 257 millones de toneladas métricas desde el 2013, funcionando así como sumidero de carbono (Figura 2).1,2
Por el contrario, las zonas situadas fuera de las áreas protegidas y los territorios Indígenas (424 millones de hectáreas) contenían 22.600 millones de toneladas métricas de carbono sobre el suelo en el 2022, y perdieron 255 millones de toneladas métricas desde 2013, por lo que funcionaban como una fuente de carbono.
Así, la función de sumidero de carbono de las áreas protegidas y territorios Indígenas compensa por poco las emisiones en el resto de la Amazonía.
Destacamos que las áreas protegidas y los territorios Indígenas funcionaron como un sumidero de carbono significativo (p-valor = 0,01), mientras que las áreas exteriores no fueron una fuente significativa (p-valor= 0,15).
En cuanto a los resultados por países, las áreas protegidas y los territorios Indígenas fueron importantes sumideros de carbono en Colombia, Brasil, Surinam y la Guayana Francesa (Guyana aumentó carbono pero no de forma significativa). Por el contrario, fueron importantes fuentes de carbono en Bolivia y Venezuela (Perú y Ecuador perdieron carbono pero no de forma significativa).
Figura 2. Carbono sobre el suelo Amazónico 2013-2022, dentro y fuera de áreas protegidas y territorios Indígenas. Datos: Planet, ACA/MAAP.
Resultados para cada área protegida y territorio Indígena
La Figura 1 (ver más arriba) ilustra la pérdida total de carbono sobre el suelo frente a la ganancia para cada área protegida y territorio Indígena durante el periodo de 10 años entre el 2013 y 2022.
En general, encontramos 1,103 áreas que sirvieron como sumideros de carbono significativos (verde oscuro) durante este período (238 áreas protegidas y 865 territorios indígenas). Estas áreas se concentran en el norte y centro de la Amazonía. Vea en el anexo 1 la lista de áreas específicas que fueron sumideros significativos de carbono.
Es importante señalar que las presiones de deforestación amenazan actualmente a varios de estos importantes sumideros de carbono, como el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Indígena Nukak-Maku en Colombia, el Parque Nacional Sierra del Divisor en Perú y el Parque Nacional Canaima en Venezuela.
Por el contrario, encontramos 1,439 áreas (156 áreas protegidas y 1,283 territorios indígenas) que sirvieron como fuentes significativas de carbono. Es importante señalar que algunas áreas con poca deforestación documentada, como el Parque Nacional Alto Purús en Perú, pueden tener pérdidas de carbono por causas naturales.
Figura 3. Niveles totales de carbono sobre el suelo en cada área protegida y territorio indígena. Datos: Planet, ACA/MAAP.
La Figura 3 muestra la panorama más reciente de los niveles totales de carbono sobre el suelo en cada área protegida y territorio indígena.
Presenta los datos del 2022 categorizados en tres grupos: Alto, Medio y Bajo. Note que los totales de carbono más elevados (más de 330 millones de toneladas métricas) se concentran en las grandes áreas designadas del norte de la Amazonía.
Se puede considerar que estas áreas de carbono Alto y Medio tienen el mayor valor de conservación en términos de carbono total.
Vea el Anexo 1 para las áreas específicas con los niveles más altos de carbono a partir del 2022.
Figura 4. Densidad de carbono sobre el suelo en cada área protegida y territorio indígena (2022). Datos: Planeta, ACA/MAAP
Por último, la Figura 4 también muestra los datos más recientes (2022) en cada área protegida y territorio Indígena, pero estandarizados por área (carbono sobre el suelo/hectárea).
Note que los totales de carbono más elevados (más de 50 toneladas métricas por hectárea) se concentran de forma más uniforme en la Amazonía.
Se puede considerar que estas áreas de carbono Alto y Medio tienen el mayor valor de conservación de carbono por hectárea.
Implicaciones en políticas:
Desbloquear el valor climático de las áreas protegidas y los territorios Indígenas de la Amazonia
Las políticas y el financiamiento para los bosques tropicales como solución climática se han enfocado en gran medida en la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD+). Estos esfuerzos han logrado importantes avances en la ralentización y orientación del financiamiento para hacer frente a la pérdida de bosques, especialmente en las regiones de alta deforestación. Sin embargo, este énfasis en las emisiones evitadas pasa por alto un componente crítico del ciclo global del carbono: la función de sumidero de carbono de los bosques tropicales intactos y maduros que, según este análisis basado en los datos de Planet’s Forest Carbon Diligence, es medible y significativo.
Esta omisión deja un importante flujo en el sistema de carbono, el secuestro de carbono en los bosques antiguos, fuera del alcance de los incentivos de mercado u otros incentivos existentes. Además, muchos de estos bosques que absorben carbono ya se encuentran en áreas protegidas y territorios Indígenas. Estas áreas son reconocidas globalmente por su importancia para la conservación de la biodiversidad y por la gestión que realizan los pueblos indígenas y las comunidades locales.
A medida que la atención mundial se centra cada vez más en las estrategias de ingeniería para la eliminación del carbono, como la BECCS (bioenergía con captura y almacenamiento de carbono) y la captura directa del aire, urge reconocer que los bosques amazónicos ya desempeñan esta función de forma natural y a gran escala. Sin embargo, el valor de las áreas protegidas y los territorios indígenas como potentes sumideros de carbono no se monetiza ni se recompensa en los marcos actuales, a menos que puedan demostrar que están amenazados por la deforestación o la degradación para acceder al financiamiento de REDD+. Una excepción emergente es la Iniciativa de Inversión en Bosques de Alta Integridad (HIFOR, por sus siglas en inglés) que reconoce el valor del secuestro de carbono en los bosques antiguos, pero no genera créditos comercializables por cada tonelada absorbida.5 El Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés) propuesto por Brasil para su adopción en la COP 30, también recompensaría a los países forestales con una tasa de aproximadamente $4.00 dólares anuales por cada hectárea de bosque tropical que protejan, independientemente de si están amenazados.6
Hasta la fecha, sin embargo, las áreas protegidas y los territorios indígenas, a pesar de su demostrada contribución al clima, carecen a menudo del apoyo financiero necesario para garantizar su eficacia y resiliencia a largo plazo. Como resultado, a menudo se enfrentan a un crónico financiamiento insuficiente7, limitando su eficacia y resiliencia a largo plazo. La innovación en políticas es necesaria para cerrar esta brecha e integrar la función de sumidero de carbono de los bosques maduros en los mecanismos de financiamiento de la protección forestal. De este modo, se crearían incentivos significativos para la gestión continuada y a largo plazo de estos ecosistemas ricos en carbono y se garantizaría que una de las soluciones climáticas naturales más eficaces del planeta reciba la atención y los recursos que merece.
Anexo 1
Las áreas específicas que fueron sumideros de carbono significativo incluyen:
En Perú, los Parques Nacionales Otishi, Sierra del Divisor, Güeppí-Sekime y Yaguas, las Reservas Nacionales Matsés, y Pucacuro, la Reserva Comunal Ashaninka, y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera y Alto Nanay- Pintuyacu Chambira, las Reservas Indígenas Matses, Pampa Hermosa, y Yavarí – Tapiche, y la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti.
En Colombia, los Parques Nacionales Amacayacu, Chiribiquete, Cahuinari, Río Puro y Yaigoje Apaporis, Reserva Natural de Nukak, la Reserva Forestal del Amazonas y la Reserva Indígena de Putumayo y Nukak-Maku, Yaigoje Río Apaporis y Vaupes.
En Brasil, los Parques Nacionales Amacayacu, Chiribiquete, Cahuinari, Río Puro y Yaigoje Apaporis, Reserva Natural Nukak, Reserva Forestal del Amazonas y Reserva Indígena Putumayo y Nukak-Maku, Yaigoje Río Apaporis y Vaupes en Colombia; Parques Nacionales de Campos Amazónicos, Juruena, Mapinguari, Nascentes do Lago Jari, Serra do Divisor y Montanhas do Tumucumaque, Bosques Nacionales de Amanã, Aripuanã, Crepori, Tapajós y Tefé en Brasil, Bosques Nacionales de Itaituba y Jatuarana y Territorios Indígenas de Alto Río Negro, Baú, Aripuanã, Aripuanã, Apyterewa, Mundurucu y Vale do Javari.
El Territorio Indígena Achuar y Zona Intangible Tagaeri – Taromenane en Ecuador; la Reserva Nacional Manuripi Heath y Reservas Indígenas Takana, Takana II y Yuracare en Bolivia; las Reservas Naturales de Surinam Central y Sipaliwini en Surinam; Parque Nacional Canaima en Venezuela; y Parque Nacional Parc Amazonien de Guyane en la Guayana Francesa.
Las zonas específicas con los niveles más altos de carbono, a partir del 2022, incluyen:
Los Parques Nacionales Alto Purús, Manu, Sierra del Divisor y Cordillera Azul en Perú; el Parque Nacional Chiribiquete en Colombia; los Parques Nacionales Montanhas do Tumucumaque, Pico da Neblina, Jaú y Juruena y los Territorios Indígenas Yanomami, Menkragnoti, Kayapó, Mundurucu y Vale do Javari en Brasil; los Parques Nacionales Caura y Canaima en Venezuela; y los Parque Nacional Parc Amazonien de Guyane en la Guayana Francesa.
Metodología
Analizamos Planet Forest Carbon Diligence, un nuevo conjunto de datos de última generación de la empresa Planet, basado en satélites, que presenta una serie temporal histórica de 10 años (2013 – 2022) con estimaciones de pared a pared de la densidad de carbono sobre el suelo con 30 metros de resolución.3,4
Una advertencia destacable de estos datos es que no distinguen entre la pérdida de carbono sobre el suelo por causas naturales y antropogénicas, por lo que es necesario incorporar información adicional para comprender el contexto de cada zona.
A partir de estos datos, se estimaron los valores anuales de carbono sobre el suelo en las áreas protegidas amazónicas y territorios indígenas para obtener una serie temporal del 2013-2022. Además, se utilizó la prueba de Mann-Kendall para analizar las tendencias en las series de tiempo generadas.
Nuestra fuente de datos para áreas protegidas y territorios indígenas proviene de RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada), un consorcio de organizaciones civiles de los países amazónicos. Esta fuente (consultada en diciembre de 2024) contiene datos espaciales de 5943 áreas protegidas y territorios indígenas, que cubren 414.9 millones de hectáreas en toda la Amazonía.
Determinamos que muchas de estas áreas (4000) no incluían metadatos de fecha de creación, lo que impedía cualquier control de series de tiempo para esa variable. En su lugar, utilizamos la extensión más actual de las áreas protegidas y los territorios indígenas como aproximación a los que existían entre 2013 y 2022.
Hubo un solapamiento sustancial entre las áreas protegidas y los territorios indígenas, pero lo tuvimos en cuenta para evitar el doble recuento de las áreas solapadas.
Los valores de carbono sobre el suelo de las áreas protegidas y los territorios indígenas se calcularon por país y luego se sumaron en toda la Amazonía.
Las áreas restantes se combinaron en la categoría de «Fuera de áreas protegidas y territorios indígenas» y también se calcularon para cada país y se sumaron en toda la Amazonía.
Nuestro ámbito geográfico para la Amazonía es un híbrido diseñado para una máxima inclusión: límite biogeográfico (según la definición de RAISG) para todos los países, excepto para Bolivia y Perú, donde utilizamos el límite de la cuenca hidrográfica, y Brasil, donde utilizamos el límite legal de la Amazonía. Nuestro estimado de superficie para esta definición del bioma amazónico es de 839,2 millones de hectáreas.
Notas
1 Desglosando los resultados por categoría, las áreas protegidas contenían casi 21.100 millones de toneladas métricas de carbono en la superficie en 2022, lo que supone un aumento de más de 204 millones de toneladas métricas desde el 2013, mientras que los territorios indígenas contenían más de 16.800 millones de toneladas métricas de carbono en la superficie en el 2022, lo que supone un aumento de más de 132 millones de toneladas métricas desde el 2013. Note que las áreas protegidas y los territorios indígenas se solapan en muchas zonas.
2 Estandarizando por superficie (es decir, calculando los resultados por hectárea), las áreas protegidas y los territorios indígenas contenían 82,2 toneladas métricas de carbono sobre el suelo por hectárea en 2022, lo que supone un aumento neto de 0,6 toneladas métricas por hectárea desde el 2013. Por el contrario, las áreas fuera de las áreas protegidas y los territorios indígenas contenían 53,2 toneladas métricas de carbono sobre el suelo por hectárea en el 2022, perdiendo 0,6 toneladas métricas netas por hectárea desde 2013.
3 Anderson C (2024) Forest Carbon Diligence: Breaking Down the Validation and Intercomparison Report. https://www.planet.com/pulse/forest-carbon-diligence-breaking-down-the-validation-and-intercomparison-report/
4 En cuanto a las limitaciones de los datos de Planet’s Forest Carbon Diligence, Duncanson et al (2025) escribieron recientemente una carta en Science centrada en la resolución espacial de los mapas de carbono forestal. Dada la limitación natural del tamaño de un árbol, discuten el reto de la validación a nivel de píxel por debajo de 5 metros para el monitoreo del carbono forestal. Los autores afirman que la resolución espacial debería superar como mínimo el diámetro de la copa de un árbol grande típico, que supone unos 20 metros para los bosques tropicales. En este sentido, el producto de 30 metros supera esta limitación.
Duncanson et al (2025) Spatial resolution for forest carbon maps. Science 387: 370-71.
5 WCS High Integrity Forest Investment Initiative (HIFOR): The Science Basis
6 https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-04-04/too-big-to-fell-brazil-takes-trees-to-wall-street?cmpid=BBD040425_GR
7 UNEP-WCMC, IUCN, and NGS. (2022). Protected Planet Report 2022. Cambridge, UK: UNEP-WCMC.
Agradecimientos
Gracias a un generoso acuerdo de intercambio de información con la empresa de satélites Planet, obtuvimos acceso a estos datos en todo el bioma amazónico para el análisis presentado en esta serie.
Agradecemos a los colegas de las siguientes organizaciones sus útiles comentarios sobre este reporte: Planet, Conservación Amazónica – ACCA, Conservación Amazónica -ACEAA, Gaia Amazonas, Ecociencia e Instituto del Bien Común.
Agradecemos especialmente a los colegas de Conservación Amazónica – ACCA por su ayuda con el análisis de datos de 10 años.
Este informe ha sido posible gracias al generoso apoyo de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD).
Cita
Finer M, Castillo H, Mamani N (2025) Carbon in the Amazon (part 4): Protected Areas & Indigenous Territories. MAAP: 225.
MAAP # 223: Incremento de concesiones mineras ponen en riesgo Áreas Protegidas y Reservas Indígenas en la Amazonía peruana
Mapa Base. Concesiones mineras superpuestas en la Amazonia Peruana.
El presente reporte analiza la problemática de la superposición de concesiones mineras con áreas protegidas, comunidades nativas, reservas territoriales e indígenas, así como en cuerpos de agua en la Amazonía peruana.
La actividad minera en estas zonas sensibles puede desencadenar una serie de impactos negativos, como la deforestación de bosques primarios y la contaminación de fuentes de agua.
En total, se documentaron 799 concesiones mineras conflictivas en la Amazonía peruana, con una superposición de 158,580 hectáreas (ver Mapa Base).
La gran mayoría (712 o 89%) de las concesiones mineras conflictivas se superponen con comunidades nativas, cubriendo 151,682 ha (ver Anexo 1).
43 concesiones mineras tienen más del 60% de su superficie en cuerpos de agua, cubriendo 4,163 ha, incumpliendo el Decreto Supremo 1100 que establece restricciones para la actividad minera en estas zonas.
39 concesiones mineras se superponen con áreas naturales protegidas, cubriendo 2,735 ha.
Finalmente, 5 concesiones mineras (738 ha) se superponen con una Reservas Indígena, lo que implica un riesgo directo para los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI).
Las regiones con mayor número de concesiones mineras conflictivas son Madre de Dios (452), Amazonas (73) , y Loreto y San Martín (50). Ver Anexo 2 para los datos para cada región.
Casos Destacados de superposición
Caso A: Área Natural Protegida
La Figura 1 muestra la superposición de concesiones mineras con el sector noroeste de la Reserva Comunal El Sira (región Huánuco), el mismo que ya ha presentado presencia de minería ilegal en el pasado. (MAAP#45).
Figura 1. Caso Área Natural Protegida. Datos: Planet, Geocatmin y Sernanp.
Caso B: Reserva Indígena
La Figura 2 muestra la superposición de concesiones mineras con la Reserva Indígena Kakataibo, ubicada en la región Huánuco. Cabe enfatizar que las Reservas Territoriales y Reservas Indígenas en el Perú son territorios intangibles delimitados por el Estado a favor de los PIACI donde actualmente la legislación peruana prohíbe realizar cualquier actividad distinta a la de los usos y costumbres ancestrales de los pueblos indígenas.
Figura 2: Caso Reserva Indígena. Datos Planet, Geocatmin y Sernanp.
Caso C: Cuerpos de agua
La Figura 3 muestra la superposición de concesiones mineras con el río Santiago (en el límite entre las regiones Loreto y Amazonas) donde se logra apreciar que más del 60% de la superficie de la concesión minera es cuerpo de agua, resaltando el incumplimiento del Decreto Supremo 1100 (ver sección sobre Marco Legal) y los posibles impactos sobre la calidad de agua y la biodiversidad acuática del lugar.
Figura 3: Caso Cuerpos de agua. Datos Planet, Geocatmin e IGN.
Caso D: Comunidades Nativas
La Figura 4 muestra la superposición de concesiones mineras con las comunidades nativas de San José de Karene (42.68 %) y Puerto Luz (3.25 %), que se encuentran en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, en la región Madre de Dios.
Figura 4: Caso Comunidades Indígenas. Datos Planet, Geocatmin e IGN.
Caso E: Operaciones en concesiones mineras en trámite
En el siguiente ejemplo se aprecia el avance de la minería ilegal en la Comunidad Nativa San Luis de Chinchihuani, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, provincia de Constitución, región Pasco. Este año se otorgaron concesiones mineras a trámite, sin la aprobación de REINFO ni algún otro instrumento relacionado a la formalización de la actividad minera. En lo que va del año, se aprecia el avance de más de 40 ha deforestadas por la minería (Figura 5).
Figura 5. Minería de oro al interior de concesiones mineras en estado de trámite la Comunidad Nativa San Luis de Chinchihuani
Incremento en concesiones mineras en trámite
En la Figura 6 se evidencia el aumento de las concesiones mineras que se encuentran en proceso de trámite durante los últimos tres años (2022 – 2024). Este aumento ha sido especialmente alto en las regiones Amazonas, Loreto, Ucayali, Huánuco, San Martín, Madre de Dios, Cusco y Puno.
Los datos presentados corresponden a los registros de concesiones mineras que gestiona el INGEMMET a octubre del 2024 a través del GEOCATMIN.
Figura 6. Número de concesiones mineras en trámite entre el 2020 y octubre del 2024. Fuente: GEOCATMIN-INGEMMET
Marco Legal y Prácticas mineras en la Amazonía peruana
La Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834 prohíbe la minería en las áreas categorizadas de uso indirecto. Por el contrario, en las áreas de uso directo, como las Reservas Comunales de Amarakaeri y El Sira, se permite el desarrollo de actividades mineras, siempre que sea compatible con los objetivos de conservación del área natural protegida. Por tanto, las concesiones mineras que se superponen a áreas naturales protegidas, requieren de una resolución de compatibilidad ambiental otorgada por SERNANP, esta se otorga cuando la actividad minera cumple con los objetivos de protección de la biodiversidad; así como la identidad natural y cultural asociada a las comunidades. Caso contrario, la actividad minera sería considerada ilegal.
Por otro lado, la existencia de concesiones mineras preexistentes a la creación de áreas naturales protegidas ha generado conflictos, puesto que las concesiones deben compatibilizar las actividades mineras con los objetivos del área natural protegida a la cual se superponen.
Por su parte, la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 establece un marco general hacia la gestión sostenible del agua para lograr su conservación y calidad ambiental, para lo cual se deben considerar los aspectos socioculturales, ambientales y económicos. En ese sentido, en el ámbito de la minería ilegal, el Decreto Legislativo N° 1100 , prohíbe expresamente el desarrollo de minería en todos los cursos de agua, incluyendo ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales. En consecuencia, ambas normativas buscan garantizar la protección de los cuerpos de agua a nivel nacional.
Finalmente, es importante señalar que se configura como delito de minería ilegal realizar actividades mineras sin la autorización de la entidad administrativa competente, específicamente cuando causen daño ambiental y afecten áreas prohibidas, el delito contempla como agravante realizar actividad minera en las zonas prohibidas mencionadas en el presente MAAP. En otras palabras, aquellas personas cuyo derecho minero se encuentra en trámite y se encuentra realizando actividad minera, están cometiendo un delito, puesto que aún no cuentan con el permiso correspondiente.
Anexo 1
Anexo 1. Superposición de concesiones mineras en áreas protegidas del Perú.
Anexo 2
Cita
Huamán B, Sáenz E, Novoa S, Rojas T & Finer, M (2024) Incremento de concesiones mineras ponen en riesgo Áreas Protegidas y Reservas Indígenas en la Amazonia Peruana. MAAP: 223.
