MAAP #218: Asesinatos de los defensores ambientales en la Amazonía peruana
agosto 23, 2024
Se estima que 29 ambientalistas y líderes indígenas peruanos fueron asesinados entre 2010 y 2023 por defender diversas áreas de la Amazonía peruana de la explotación por invasores (RAISG 2022).
Además, la frecuencia de estos asesinatos ha aumentado en los últimos años, con casi la mitad de los que habían ocurrido desde el año 2020.
Estos asesinatos y amenazas continuas se clasifican en cinco categorías: Minería de Oro, Tala Ilegal, Cultivos Ilícitos (Coca), Tráfico de Tierra y Protesta (ver Mapa Base). En algunos casos, se identifican entre varias categorías simultáneamente.
Este reporte aspira a investigar las tres categorías principales (Minería de Oro, Tala Ilegal, y Cultivos Ilícitos) con la meta de entender mejor la relación entre los asesinatos de defensores ambientales y la deforestación en la amazonía peruana.
Mapa Base
El Mapa Base ilustra las ubicaciones de los 29 defensores ambientales documentados que fueron asesinados en Perú entre 2010 y 2023.
Adicionalmente, indica las causas afirmadas o sospechadas de estas muertes: Minería, Tala ilegal, Cultivos ilícitos (Coca), Tráfico de tierras y Protesta.
Cabe destacar que muchos de los casos ocurren en varios grupos geográficos, lo que indica el principal conflicto ambiental de cada área específica.
Por ejemplo, la minería de oro es la causa más grande de conflicto en el sur de la Amazonía peruana (región de Madre de Dios), mientras cultivos ilícitos y tala ilegal son conflictos más comunes en el centro de la Amazonía peruana.
Minería ilegal en Madre de Dios
La minería de oro ha sido y continúa siendo un gran problema en el sur de la Amazonía peruana (Madre de Dios región), particularmente en las comunidades indígenas y las áreas protegidas, así como sus zonas de amortiguamiento (MAAP#208).
Por ejemplo, la Figura 1 ilustra el alcance de la deforestación a causa de la minería de oro (indicada en naranja) en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y en las comunidades nativas circundantes.
Desde 2015, tres defensores ambientales han sido asesinatos dentro o cerca de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (Puntos amarillos en Figura 1). En todos los casos, se trataba de concesionarios forestales que intentaban defender sus concesiones contra los invasores de la minería ilegal.
En 2015, Alfredo Vracko Neuenschwander fue asesinado cerca del área crítica de minería conocida como “La Pampa”, ubicada en el núcleo de la zona de amortiguamiento. Cabe destacar que, en los años previos a su muerte, más de 1,700 hectáreas fueron deforestadas en La Pampa debido a la actividad minera (MAAP #1). Vracko, quien entonces era presidente de la Federación de Concesionarios Forestales y de Reforestación en Madre de Dios, presuntamente fue asesinado por mineros ilegales que iban a ser desalojados de su concesión forestal ese mismo día (aunque su muerte todavía queda sin resolverse).
En 2020, Roberto Carlos Pacheco Villanueva fue asesinado fuera de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Villanueva poseía una concesión forestal que ha sido deforestada y quemada ilegalmente por invasores con conexiones a la minería ilegal. Tras presentar varias denuncias sobre la utilización ilegal de su tierra, Villanueva recibió numerosas amenazas contra su vida en los años previos a su muerte. Aunque su asesinato sigue sin resolverse, se cree que fue cometido por los mineros que habían invadido su concesión.
Recientemente, en 2022, Juan Julio Fernández Hanco fue asesinado a lo largo de la carretera interoceánica, cerca al borde de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Durante este periodo (2021-2023), casi 24,000 hectáreas fueron deforestadas debido a la minería de oro (MAAP #195). La investigación sobre su muerte aún está en curso, pero los sospechosos son mineros ilegales que invadieron las concesiones de reforestaciones de Juan Julio.
Tala Ilegal
La tala ilegal ha sido un problema extendido por la Amazonía peruana durante años. Según un reporte reciente, más del 20% de la madera extraída en Perú en 2021 tuvo un origen ilegal (OSINFOR, 2024). Loreto, Madre de Dios, Amazonas, y Ucayali fueron las regiones con el mayor volumen de extracción de madera no autorizada.
En 2014, madereros ilegales asesinaron a cuatro hombres de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, siendo este uno de los casos más conocidos de defensores ambientales peruanos. Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintisima Meléndez fueron asesinados a lo de la frontera peruano-brasileña (Puntos naranjas en la Figura 2), después de una década de denuncias de Chota sobre la presencia de grupos criminales de tala en su comunidad (es importante mencionar que al tiempo de sus muertes, Alto Tamaya-Saweto no estaba titulada). Diez años después, en abril de 2024, un grupo de madereros fue declarado culpable de los asesinatos y condenado a casi 30 años en prisión. Desde entonces, este caso ha sido apelado con la expectativa de llegar a la Corte Suprema.
Cultivos Ilícitos (Coca)
Los datos oficiales indican que la superficie de tierra involucrada a la producción de coca en Perú continúa incrementándose, particularmente en el centro de la Amazonía peruana, a lo largo de las montañas Andes (regiones de Ucayali y Huánuco). Desde 2010, diez defensores ambientales han sido asesinados en esta área debido a actividades relacionadas con la coca (ver puntos rojos en la Figura 3).
Santiago Vega Chota, Yenes Ríos Bonsano y Herasmo García Grau fueron asesinados en 2020 y 2021 dentro o cerca de sus comunidades Sinchi Roca y Puerto Nuevo, tras sus intentos de monitorear los territorios para la producción de coca. Ambas comunidades están ubicadas en la zona de producción de coca conocida como Aguaytía, la cual ha experimentado un aumento de más del 450% en el cultivo de coca entre 2018 y 2022 (DEVIDA, 2022).
Adicionalmente, cuatro hombres ( José Reategui, Manuel Tapullima, Justo Gonzales Sangama, y Arbildo Melendez) fueron asesinados dentro o cerca de la comunidad nativa Unipacuyacu entre 2010 y 2020. Estas cuatro muertes han sido vinculadas a la invasión y producción ilegal de coca por extranjeros en tierra de la comunidad que todavía no han sido tituladas por el gobierno, facilitando así las invasiones. Unipacuyacu está ubicado dentro de la zona de producción Pichis-Palcazu-Pachitea (Huánuco y Pasco), que experimentó un aumento de 454% en la cultivación de coca entre 2018 y 2022 (DEVIDA 2022).
Finalmente, tres hombres (Jesús Berti Antaihua Quispe, Gemerson Pizango Narvaes, y Nusat Parisada Benavides de la Cruz) fueron asesinados en 2022 en un área fuera de la Reserva Comunal El Sira. Durante los cuatro años previos a sus muertes, la producción de coca en El Sira y su zona de amortiguamiento aumentó en más del 500% (DEVIDA, 2022).
Base Normativa
Perú es uno de los países con lo mayor cantidad de asesinatos de defensores ambientales en el mundo (Global Witness 2023).
Es así que, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, define a este grupo de personas como aquellas que:
En circunstancias generalmente críticas adoptan la decisión, individual o colectiva, de llevar a cabo una actividad legítima, remunerada o no, consistente en exigir y promover, dentro del marco de lo normativamente permitido, de manera pacífica y no violenta, la efectividad de derechos vulnerados. Su esfuerzo suele hacerse manifiesto públicamente a través de demandas y reivindicaciones planteadas por las vías procesales regulares, conformes con el propio marco que consagra los derechos fundamentales.
Para abordar la situación de vulnerabilidad de los defensores ambientales, el Estado peruano, en particular el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), ha elaborado cuerpos normativos destinados a asegurar su protección especial. Los más importantes de estos son:
Normativa | Título | Importancia |
Decreto Supremo N 002-2018-JUS |
Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 |
Establece que los defensores ambientales son un grupo de especial protección y obliga al Estado a adoptar medidas para protegerlos. |
Decreto Supremo 004-2021-JUS |
Mecanismo Intersectorial para la Protección de personas defensoras de derechos humanos |
Establece los principios, medidas y procedimientos para garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de los defensores de derechos humanos ante situaciones de riesgo, siendo la norma de mayor rango en el país. |
Resolución Ministerial 255-2020-JUS |
Registro sobre Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos
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Recoge, analiza y gestiona información sobre riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos y adopta acciones para prevenir amenazas. |
En tal sentido, se evidencia el esfuerzo del Estado peruano para construir un marco normativo adecuado, pues mediante el Mecanismo Intersectorial, se ha logrado la participación coordinada de ocho ministerios: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Asimismo, se cuenta con la colaboración de un organismo público ejecutor, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los defensores ambientales continuan enfrentándose a la criminalización, hostigamiento legal, amenazas de violencia y asesinato. Esto ilustra la necesidad urgente de fortalecer su protección y apoyo institucional en Perú.
Como respuesta, el Congreso de la República ha aprobado recientemente dos dictámenes para crear una ley de protección a defensores de derechos humanos. Estos incluyen (i) el Proyecto de Ley 4686/2022-CR, Ley que reconoce y protege a los defensores de derechos ambientales, y (ii) el Proyecto de Ley 2069/2021-PE, Ley para la protección y asistencia a dirigentes comunales y/o indígenas u originarios en riesgo. Sin perjuicio de ello, en el futuro, la forma en que se desarrolle el caso Alto Tamaya-Saweto sigue por la Corte Suprema será crucial para los esfuerzos futuros para proteger a los defensores ambientales.
Referencias
Comisión Nacional Para El Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA). 2023. Perú: Monitoreo de cultivos de coca 2022.
Global Witness 2023. Casi 2.000 personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas entre 2012 y 2022 por proteger el planeta.
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR). 2024. Estimación del índice y porcentaje de tala y comercio ilegal de madera en el Perú 2021.
Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). 2022. Presiones, amenazas y violencia en la Amazonía peruana.
Agradecimientos
Este informe fue preparado con apoyo del Instituto de Bien Común (IBC).
Cita
Montoya M, Bonilla A, Novoa S, Tipula P, Salisbury D, Quispe M, Finer M, Folhadella A, Cohen M (2024) Asesinatos de los defensores ambientales en la Amazonía peruana. MAAP:218.